Agenda 2030: crecimiento con desarrollo sostenible

RELATIVISMO POLÍTICO
Por Rafael Lagos Inoriza

A propósito de las críticas recibidas la semana pasada por el anuncio de las cifras revisadas del INEGI, de que México no creció durante el segundo trimestre del año (0.0 por ciento), el presidente López Obrador argumentó que se debe a que “antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento, pero nos importa más el desarrollo”, y definió: “Crecer es crear riqueza”, y ”el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza”; aunque aceptó finalmente como un pendiente de su administración que se requiere crecimiento económico.

A pesar de que no estoy de acuerdo con el argumento de López Obrador como respuesta a un crecimiento cero de la economía, sí estoy de acuerdo en que le preocupe alcanzar el desarrollo económico. No estoy de acuerdo porque no acepta que es por sus decisiones de gobierno que la economía esté estancada, parece no entender que para aspirar al desarrollo se requiere que el Gobierno, desde el Ejecutivo y el Legislativo, propicien los incentivos suficientes para fomentar inversión e innovación con el objeto de mejorar el sistema de producción y distribución de bienes y servicios, y eso no es el fuerte de esta administración, no al menos con su estrategia de comunicación en medios y redes sociales porque no provoca confianza para la inversión.

El país requiere no sólo de un desarrollo que propicie distribución de la riqueza económica, sino que ese desarrollo se lleve a cabo de manera sustentable para que genere bienestar en las personas en el amplio sentido de la palabra. Esto se consagra en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y determina la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho, mientras que el artículo 25 otorga al Estado la rectoría para garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable.

Es ineludible la responsabilidad de los gobiernos, porque como hemos sido tristes testigos desde hace varias semanas de lo que puede ocurrir cuando un gobernante como Jair Bosolnaro, presidente de Brasil, desestima los peligros de “beneficiar” al pueblo apoyando la deforestación de la selva del Amazonas mediante incendios provocados para beneficiar a los agricultores.

Las consecuencias de la imperdonable irresponsabilidad de Bolsonaro son incalculables para el mundo. “La pérdida del pulmón del planeta es un problema mundial”, declaró ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al terminar tres días de discusiones con los dirigentes del Grupo de los 7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón).

Por eso es importante para el desarrollo nacional que esta administración tome como prioridad la política de protección al medio ambiente y lo haga comenzando con sus proyectos insignia, como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, para el que se desmontaron 300 hectáreas, y los trenes maya y transísmico.

Es inevitable que todo gran proyecto de inversión y desarrollo conlleve afectaciones al medio ambiente, pero éstas pueden ser mitigadas mediante acciones de remediación; lo malo sucede cuando no se consideran y no se incluyen en los costos de inversión inicial como cuando descubres que en el terreno donde vas a construir un aeropuerto hay un cerro que no habías visto, y ya ni hablar de afectar a los pobladores cercanos por la falta de agua.

Me preocupa el tema porque el gobierno recortó el presupuesto de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 11 mil 60 millones de pesos con respecto al año anterior, lo que indica que el desarrollo sostenible no lo consideran tan importante como puede ser la inversión en energía tradicional contaminante, como la de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, y que para generación de energía eléctrica se impulse el uso del combustóleo y carbón, mientras se deja en un plan secundario el impulso a las energías renovables y la prevención de incendios forestales.

La política de protección al medio ambiente tiene repercusiones globales; por eso, nuestro país tiene compromisos ineludibles con metas específicas a cumplir con organismos internacionales en los que no se podrá argumentar que se tienen otros datos o que se usan metodologías del pasado.

En junio pasado, la Dra. Claudia Terzi Ewald, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, presentó una ponencia en la que hizo, un buen recuento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París de diciembre de 2015, en el que 195 países acordaron limitar el calentamiento global en dos grados centígrados, en relación a la era preindustrial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la mitigación, adaptación y resiliencia.

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, celebrada en septiembre de 2015, se acordó la Agenda 2030 con un acuerdo alcanzado por 193 países, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 231 indicadores globales, a los que México se compromete a dar seguimiento con el propósito de medir avances, con resultados transparentes y abiertos.

Resume la Dra. Terzi los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1. Poner fin a la pobreza. 2. Acabar con el hambre, apoyando la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. 3. Una vida más sana y el bienestar para todas las edades. 4. La educación inclusiva y aprendizaje durante toda la vida. 5. La igualdad de género. 6. Disponibilidad de agua, gestión sostenible y saneamiento. 7. Acceso a energía segura, sostenible y moderna para todos. 8. Crecimiento económico sostenido, empleo pleno, trabajo decente para todos y productivo. 9. Infraestructuras resilientes, industrialización sostenible e innovación. 10. Reducción de la desigualdad entre países. 11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 13. Combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar los mares y océanos de manera sostenible. 15. Uso sostenible de los ecosistemas terrestres, frenando la pérdida de la biodiversidad biológica. 16. Promover sociedades pacíficas, facilitando el acceso a la justicia a través de instituciones eficaces, responsables e inclusivas. 17. Fortalecer los medios de ejecución de dichos objetivos, revitalizando la Alianza Mundial para el Desarrollo Sustentable.

A lo anterior habría que sumar otros problemas, como el impacto del zargazo en la economía regional de la península de Yucatán que no sea menospreciado, como cuando el Presidente dijo que “no es gravísimo”, y otros compromisos como los relacionados con la vaquita marina en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en la que, según Gabriela Sotomayor, de Proceso, se dio un ultimátum al gobierno de México para tomar “medidas inmediatas y efectivas’’ antes del 1 de noviembre de 2019 para salvar a la vaquita marina, de la cual se calcula que sólo quedan 10 especies.

Veremos si para la 4T es un tema que recobra relevancia cuando se presente el presupuesto 2020, y deberemos estar pendientes del informe que el Presidente presente al Congreso de la Unión en esta materia.

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