General Cienfuegos: Triunfo Diplomático

Cienfuegos
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Rafael Martínez de la Borbolla

@rafaborbolla
Sobre la Marcha…
“Prefirió aguantarse 14 meses una orden de captura, que, acudir a un proceso de extradición o pedirle a la fiscalía (FGR) que abriera su propia carpeta de investigación. Desde la perspectiva de la DEA, que además tiene bastante lógica, porqué habrían de haberlo hecho (…) un proceso completamente inverosímil en el actual contexto de impunidad que vive México”.- Carlos Pérez Ricart

Desde que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto en el cual anunciaron que las autoridades estadunidenses retirarían todos los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, detenido en Los Ángeles el pasado 15 de octubre por tres acusaciones de narcotráfico y una de lavado de dinero, una ola de teorías conspirativas se iniciaron en la opinión publica nacional. Horas después, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa para informar acerca de las acciones del gobierno y la fiscalía para lograr este acuerdo, los alcances del mismo, así como su significado en términos de respeto a la soberanía mexicana y a las fuerzas armadas del país. La jueza federal Carol B. Amon, quien llevaba el caso radicado en el estado de Nueva York, accedió a retirar las acusaciones como asunto de política exterior y aprobó el traslado expedito del general a México bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el general aterrizo en el aeropuerto de Toluca el pasado jueves por la noche. 

La decisión que tomó el Departamento de Justicia, de ordenar el retiro y desistimiento de los cargos para devolver a México al general Salvador Cienfuegos, significa un reconocimiento doble del Gobierno de Estados Unidos: por un lado parece reconocer que su agencia antidrogas, la DEA, se equivocó y cometió un error al investigar, acusar y detener a un exsecretario de la Defensa mexicano sin haber dado aviso al Gobierno mexicano y aparentemente sin pruebas contundentes y, por otro lado, reconoce que con esa acción no sólo se lastimó al país y a sus Fuerzas Armadas, sino que se abrió un frente peligroso no sólo para la seguridad nacional de los mexicanos, sino para mantener la cooperación bilateral en los temas de seguridad y narcotráfico.

El extraño desistimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la consecuente liberación del alto militar mexicano en retiro, han generado una intensa polémica. El Presidente y el canciller proclaman que el gesto proveniente del país vecino es un reconocimiento a las cualidades institucionales de México, confiables y particularmente modificadas para asumir la batalla contra la corrupción y la impunidad.

A contrasentido, corre una percepción que desconfía del discurso oficial y se apoya en la larga experiencia histórica de las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, y en particular con Latinoamérica, sin espacio para benevolencias, concesiones o derrotas como la que supuestamente habría impuesto México a Washington. 

El caso del militar resulta por demás singular: es la primera vez que Estados Unidos detiene a un ex secretario mexicano de la Defensa (alias El Padrino); es la primera vez que el gobierno mexicano reclama el proceder del vecino del norte, por violar la soberanía nacional y los acuerdos bilaterales vigentes, y, por si fuera poco, es la primera vez que el gobierno estadunidense recula en una cuestión de esta naturaleza.

El presidente López Obrador ha sido puntual: “no hay impunidad para nadie y, al mismo tiempo, no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos, tiene que haber sustento y pruebas, y nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia. (el regreso de Cienfuegos) no significa impunidad ni carpetazo, significa que se inicie una investigación, que ya comenzó a partir de que (los estadunidenses) nos envían elementos de prueba. Y no hay nada oculto: nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta y deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. México va a decidir si hay elementos para juzgar al general Cienfuegos… no hay acuerdos en lo oscurito”.

La investigación que en contra del ex secretario de la Defensa Nacional se inició en 2019 no terminó, y al parecer no tiene la solvencia necesaria; fue –comentaron fuentes de la cancillería Mexicana– una lanzada de la DEA. Son 743 páginas de dichos, de mensajes de texto, pero no hay ninguna grabación, como se había dicho.

“Desde el momento en que los federales estadunidenses arrestaron al ex secretario de Defensa mexicano hubo indignación en los niveles cupulares de las fuerzas armados y las más altas del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados”, informó The New York Times, en una nota fechada el 18 de noviembre.

En la nota firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff se citó a “tres personas con conocimiento del asunto” para revelar una advertencia “sin precedentes” hecha por el gobierno mexicano a Washington:

Si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar de país a los agentes antidroga estadunidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia”, explicó.

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