La criminalización del COVID-19 en Venezuela.

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#CoyunDura
Paola Molina Noguera

Poco o nada se habla de lo que sucede en Venezuela en los últimos cinco meses, la razón es más que obvia, cada país está centrado en sus agendas haciendo frente a la crisis derivada por el COVID-19.

La pandemia le ha venido como anillo al dedo al régimen de Maduro para establecer mayores controles sobre la población. Fue uno de los primeros países en cerrar sus aeropuertos, poner cercos fronterizos y que estableció cuarentena obligatoria para los ciudadanos, no precisamente como medidas para proteger la salud de los venezolanos, sino ante la escasez de gasolina, sí de gasolina, en el país con la mayor reserva de petróleo probada en el mundo, convenía establecer encierro obligatorio y sancionatorio.

En los primeros meses de la crisis sanitaria, derivado de la interrupción del tránsito aéreo y terrestre y la obligatoriedad de que la población permaneciera en sus casas, se reportaba una tasa baja de casos, según cifras oficiales. Desde hace dos meses, los contagios comenzaron a incrementarse notablemente y como era de esperarse, en un país que pasa por la peor crisis humanitaria que se ha experimentado en América Latina, el “control” del régimen se le fue de las manos.

Actualmente Venezuela tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo en cuanto al personal de salud, no se cuenta con insumos ni tratamientos suficientes para atender a los pacientes ni al personal de los centros de salud. Ante la incapacidad del régimen para hacer frente a la crisis optó por criminalizar a los contagiados de COVID-19.

La situación de los migrantes venezolanos en los países vecinos los ha empujado a querer regresar, perdieron sus trabajos, por ende no pudieron continuar asumiendo gastos de vivienda y cubriendo sus necesidades básicas, al menos, en Venezuela conservan un hogar y una familia. Este derecho legítimo de cualquier ciudadano de regresar a su país se convirtió en motivo de estigmas y en recibir trato de criminales.

Ser migrante, cruzar la frontera colombiana y poner un pie en Venezuela le puede conceder el título de bioterrorista a un venezolano, simplemente porque el régimen los acusa de ser los transmisores del virus. Son obligados a cumplir cuarentena en refugios sin las condiciones mínimas sanitarias antes de permitirles el libre ingreso al país, se promueven campañas de persecución en su contra, se instiga al odio, se incita a los vecinos a discriminar al migrante que está de regreso “porque viene a contagiarlos”.

Las violaciones a los derechos humanos en este sentido son incontables, los migrantes han sido la mejor arma para Nicolás Maduro mantener su enfrentamiento latente con el Presidente colombiano, Iván Duque, razón por la que acusa a los propios venezolanos de “trocheros” y “delincuentes” enviados por el gobierno de Colombia a perturbar la “paz” de Venezuela. Esto ha llevado a más que ser portador de un virus, ser el portador de estigmas y un sinfín de discriminaciones y maltratos.

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