La Guardia Nacional y el poder militar

Guardia Nacional
“ENTRE VISIONES DEL PODER” 
MIGUEL ÁNGEL SOLÍS

Andrés Manuel López Obrador recurre insistentemente a que todo lo negativo que sucede en México, es culpa del pasado, de los gobiernos neoliberales. Recurrir a esta perorata todos los días, envía el mensaje de que no puede, no quiere o no tiene la capacidad de resolver los problemas que enfrenta el país. 

Por más que culpe a otros, es indudable que es suya y de nadie más, la responsabilidad en la conducción de la nación, y un tema al que debe darle la justa dimensión y tratamiento adecuado, se refiere a la seguridad pública.   

Podremos estar o no de acuerdo con su idea de militarizar a la Guardia Nacional. Lo cierto es que los mexicanos sabemos muy bien que los altos índices de inseguridad y violencia es uno de los principales problemas que urge resolver con tino, con resultados concretos y con una clara visión de Estado; sin embargo, los errores y la ausencia de planeación quirúrgica que hoy observamos, genera dudas, incertidumbre y zozobra.

Recordemos que en campaña, Andrés Manuel López Obrador se oponía sistemáticamente a la militarización de las policías. Hoy como mandatario, decidió que el mejor camino será justo lo que empecinadamente criticaba. No está mal reconvenir. Lo que no está bien es que nos haga creer que eligió otra ruta, que al final, es la misma, pero con un componente adicional: militarizar a la Guardia Nacional, otorgándole todo el poder al ejército

La encuesta del periódico Reforma publicada ayer, revela que el 41% de los mexicanos consideran que el presidente está tratando mal el tema de la seguridad, contra un 32% que dice que lo está tratando bien. El 27% no sabe o no respondió, lo que es sinónimo de rechazo a responder por miedo o duda. Estos datos indican que algo no va bien.

Además del problema que propio gobierno generó con respecto a la adscripción, capacitación, sueldos y prestaciones de los elementos de la Policía Federal, ahora resulta que no tiene claras las acciones específicas, por ejemplo, para acuartelar a los elementos de la nueva Guardia Nacional que ya entró en operaciones. No hay suficientes predios para las nuevas instalaciones. No existe evidencia documental para conocer dónde se encuentran las 266 coordinaciones proyectadas para su operación, ni las zonas prioritarias de despliegue. Tampoco se conoce a ciencia cierta el número de patrullas que eran del ejército y fueron rotuladas para el uso de la Guardia Nacional. Esto denota una vez más que la planeación no es la carta fuerte de este gobierno.   

En su operatividad, la nueva figura “policial”, tendrá mandos y disciplina castrenses, aunque el propio presidente nos “venda la idea” de manera frívola, como si se tratara de algo menor, que estará al frente de la corporación un civil y por eso, no se le pude considerar militar.  

El argumento presidencial es que la Policía Federal se encuentra infestada de corrupción, “echada a perder” – dice – como si el ejército y la marina fueran entes impolutos y alejados de este mal. 

El narcotráfico ha persistido por la corrupción imperante en todos los cuerpos nacionales del orden y la salvaguarda nacional, permitida desde muchos niveles del Estado mexicano. Eso es lo que hay que combatir también con plena decisión y firmeza, pero no a costa de hacer parecer que las cosas cambian para seguir igual o peor.

En el ejército y la marina, los códigos de ética son más estrictos y respetados, aunque no los hace por sí solos infranqueables ante el poderío económico y armamentista del crimen organizado. Pensar que por el solo hecho de capacitar, disciplinar y “meter al orden” a la Policía Federal vestida de Guardia Nacional militarizada se acabará la corrupción, es una falacia, como lo es también contar con mejores maestros retirando los exámenes de ingreso, ascenso y promoción para una educación de calidad. 

Que “el pueblo uniformado” – como llama el Presidente a las fuerzas castrenses – sea el que se enfunde en los nuevos uniformes, no garantiza que se acabará con la inseguridad, como él promete. Ya lo vivimos y no hay nada que presumir, al contario.

A esto agreguemos las canonjías y privilegios de los que se beneficiará el ejército. No solo se realizarán las obras del aeropuerto de Santa Lucía sin licitación, sino también lo harán sin aplicar la ley de transparencia aludiendo como excusa, “que se trata de un asunto de seguridad nacional”. 

El auto llamado “gobierno transformador”, quiere combatir al crimen organizado y a la inseguridad, pero al mismo tiempo abre camino a la arbitrariedad, a la opacidad, a la corrupción, entonces ¿dónde quedó el compromiso presidencial de barrer la corrupción de arriba para abajo, incluyendo al ejército? Decir que él no es corrupto, no es por sí mismo, un salvo conducto para que lo sean todos en su gobierno, incluyendo a las fuerzas armadas.    

El nuevo cuerpo de seguridad se destinará también a la preservación de la paz y el orden, pero quienes lo harán, serán policías militarizados, entonces ¿qué pasó con aquello que dijo el presidente de que “jamás dará la orden de reprimir al pueblo? El militar es militar y punto. Esperemos que no se repitan episodios como el de Tanhuato, donde el tema de respeto a los derechos humanos no entra en el código militar así por que sí.

La carrera militar es muy diferente a la de un policía. Su capacitación y adiestramiento también. Es por ello que existe temor fundado de muchos colectivos ciudadanos, ONG´s y defensores de derechos   humanos que exigen un cambio de enfoque. No hay confianza en que la Guardia Nacional sea conducida en estricto sentido por militares.

Para tener aún más claro el panorama adverso que frente a nosotros despliega “de manera renovada” el gobierno federal en materia de seguridad, ayer nos enteramos que efectivos militares pertenecientes a la Guardia Nacional, fueron detenidos por plagio de un menor de 14 años, secuestrado desde el 18 de junio en el Estado de México. Aunque la SEDENA aceptó que en efecto, los detenidos forman parte del ejército, la Secretaría de Seguridad del gobierno federal negó que los delincuentes pertenezcan a la Guardia Nacional. Estos hechos sin duda alimentan la incertidumbre y desconfianza de la estrategia contra la inseguridad.                 

La forma de actuar del gobierno lopezobradorista contra los aún elementos de la Policía Federal por manifestarse, lo deja muy mal parado. A éstos los critica y amenaza. A los integrantes de la CNTE, quienes se manifiestan, bloquean vías de trenes, carreteras y vandalizan, el gobierno ni los oye, ni los escucha, menos interviene. 

Si bien Alfonso Durazo afirma que se respetarán sueldos y prestaciones a los policías federales, lo cierto es que quienes llevarán la mano, incluyendo asensos, adscripción, rangos, promociones, despliegues tácticos y estratégicos, serán los militares. 

El exacerbado poder conferido por el Presidente a las fuerzas armadas, espero no sea un augurio, un presagio y menos la antesala para un alzamiento. Espero que tampoco terminemos repitiendo historias que llevaron a dictaduras militares a muchos países latinoamericanos. ¿Si algunos Policías Federales se alzaron, amenazaron, asecharon a un mando y cerraron carreteras, por qué no habrían de hacerlo los militares?   

Mientras, sus seguidores lo festejan por hacer lo que tanto criticaba de Calderón y Peña Nieto. Celebran que AMLO ponga en marcha y con mayor ahínco la estrategia fallida contra la inseguridad y el crimen organizado a la que obstinadamente se oponía. Aplauden gustosos al Jefe del Ejecutivo que le confirió el báculo del poder desmedido a los militares y lo hace sin orden, sin planeación, cometiendo errores que   lamentablemente ya estamos viendo.   

Pero no pasa nada, aunque los muertos hayan aumentado 8%. Eso no importa. 

Que los resultados inmediatos esperen y que los ciudadanos de a pie aguantemos a la orden de: ¡firmes ya!  Al cabo, es palabra e instrucción del Sr. Presidente.

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Miguel Ángel Solís
Politólogo. Consultor político. Experto en estrategia y comunicación política para campañas electorales, de gobierno y comunicación organizacional. Ex servidor público e investigador universitario. Apasionado del orden, la disciplina y la organización.

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