La vulnerabilidad del presidente es la vulnerabilidad de México.

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#Asídeclaro

David Martínez Staines
@DMStaines

El tema del coronavirus ha vuelto a dividir en dos bandos a la población. Pero sobre todo tiene a prueba la competencia de los gobiernos de la 4T. De un lado están los que desestiman la amenaza de pandemia del COVID-19; y del otro los que afirman que el gobierno no está tomando las medidas correctas para enfrentar con eficacia la amenaza latente de la pandemia. Ponen de ejemplo la pachorra de Italia.

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Ahora mismo circula información que afirma que China se habría evitado el 95% de los casos de coronavirus de haber impuesto la cuarentena tres semanas antes. La oportunidad en la toma de decisiones puede ayudar a salvar muchas vidas. Pero acá dicen que las medidas se tomarán “a su tiempo” (Claudia Sheinbaum).

El gobierno y sus seguidores fundan sus acciones en el diseño doméstico de tres fases de intervención. Argumentan en su diagnóstico que México está fuera de la zona de riesgo, que los casos registrados se contagiaron en el extranjero, que se informa con puntualidad, que no hace falta incrementar el número de pruebas, que se toman las medidas necesarias, que de ser necesario se escalará, que hay que lavarse las manos, y mucha fe en la figura del presidente. Porque todo se hace recaer en él. Pero no se dice nada de la disposición de nuevas camas, respiradores, cuartos para terapia intensiva, infraestructura médica de emergencia. Como ha ocurrido en todas las crisis de este gobierno, el presidente está a la cabeza del COVID-19. Él informa, aclara y determina. Entra en sus competencias, aunque no de manera específica. Esa energía presidencial puede ser de mayor provecho si se dirige a cuestiones más relevantes. Uno de los resquicios de la zozobra tiene que ver con la ausencia de opinión de los colegios especialistas, en los que se encuentran los epidemiólogos e infectólogos, y todos los expertos en salud púbica. No se sabe si se instalaron y están en funcionamiento los consejos de Salubridad Nacional y Nacional de Salud, y en el caso de que sí, no se escucha de su voz. El título Décimo de la Ley General de Salud es muy claro al respecto. Habría que atenderlo.

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Es cierto que una de las grandes prioridades de todo gobierno es mantener la armonía nacional. En este caso el presidente López Obrador obra en consecuencia, y desafía incluso una de las recomendaciones de su propio gobierno: la de mantener una sana distancia entre personas.

Esas acciones son motivo de severas críticas de sus oponentes. El problema no sólo es el riesgo de contagio de la persona de López Obrador sino de la institución presidencial, con todo lo que ello conlleva. La vulnerabilidad del presidente es la vulnerabilidad de México.

Los críticos argumentan contra el gobierno a partir de las acciones de protección que toman en otras latitudes del mundo. Particularmente en los países desarrollados, e incluso en otros no tan desarrollados, como están haciendo algunos en la región. El presidente de El Salvador protestó contra México por unos pasajeros aéreos que partieron de esta ciudad con sospechas de contagio.

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El cierre de fronteras es una de las medidas que México no ha querido asumir (ni parcialmente), como sí lo están haciendo, por ejemplo, los vecinos del norte y del sur. Estados Unidos ha impuesto medidas unilaterales respecto de México, porque mantiene sospechas; Guatemala ha cerrado sus fronteras a la circulación internacional.

La otra medida que reclama el bando crítico es la actitud vacilante respecto de las concentraciones masivas, la principal fuente de contagio. Sobre Semana Santa no hay una determinación nacional. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa, surgido de Morena, cuestionado al respecto, ha dicho que ese es asunto de la jerarquía católica y que él no se mete.

La semana pasada se mostró alterado porque la alcaldesa capitalina canceló algunas reuniones masivas previamente programadas, en aras de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la seguridad de las personas. El estado como organización política suprema se funda en la seguridad de la vida de la vida de las personas.

El sector salud se encuentra en el ojo del huracán, no de ahora, sino desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó suprimir el Seguro Popular y crear un ente nuevo de cobertura nacional y totalmente gratuito. Una decisión calificada por expertos de precipitada.

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A finales del año pasado, dos de los especialistas más importantes en salud pública, Julio Frenk y Octavio Gómez Dantes, escribieron el ensayo “Salud: Manual de una contrarreforma reaccionaria”, en la revista Nexos. Ponderan de inicio las acciones que se implementaron a partir de los años ochenta, que culminaron con la incorporación del derecho a la salud en la Constitución. Lo que dio origen al nacimiento del Seguro Popular.

Sin embargo, dicen los autores “Esta notable tradición (de avances) se interrumpió con la publicación, a finales de octubre de este año, del Programa Sectorial de Salud 2019-2024, un texto de poco mérito que pretende servir como guía para llevar a cabo una contrarreforma centralista y burocrática. De implantarse en los hechos, dicho programa regresará nuestro sistema de salud a los años setenta del siglo pasado”.

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David Martinez Staines
Analista político, colaborador de Zona Publica en Efekto Tv noticias.

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