La trayectoria de Rafael Ojeda Durán pasó de orgullo institucional a fervor político. Entre aduanas, huachicol fiscal y ascensos polémicos, la Marina enfrenta una prueba de credibilidad que exige verdad y consecuencias.
Claro y Conciso
Alberto Castelazo Alcalá
@Castelazo
Política Gurú
En 2018, Rafael Ojeda Durán asumió la Marina con prestigio intacto. Entonces, su lealtad lucía institucional. Seis años después, su narrativa cambió y se politizó.
Gradualmente, el almirante abrazó la cuarta transformación con fervor. Su voz sonó más partidista que castrense. Y eso alteró equilibrios dentro del gabinete de seguridad.
Además, bajo su mando crecieron señalamientos por huachicol fiscal y contrabando en aduanas marítimas. Ahí, los Farías Laguna fueron mencionados como operadores, según denuncias persistentes.
Sin embargo, desde el poder se insiste en su inocencia. La FGR y Gertz Manero dicen que él denunció la red. Así, los tiempos contradicen.
Porque, de acuerdo con reportes, Ojeda conoció alertas desde 2022 en Manzanillo. Entonces removió mandos. Aun así, prácticas presuntamente ilícitas habrían continuado sin freno claramente.
Peor aún, denuncias internas quedaron sin protección. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar expuso la red, según versiones periodísticas. Después fue asesinado. Dejó sombra institucional.
También pesan ascensos para los Farías Laguna entre 2022 y 2023. Mientras la red se ventilaba, fueron promovidos. El mensaje resultó contradictorio para la Marina.
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Por otro lado, la protección pública reciente luce apresurada. Sheinbaum, Omar García Harfuch y la FGR piden calma. Exonerar antes de investigar debilita la confianza ciudadana.
De origen, su designación rompió tradición. Audomaro Martínez lo recomendó fuera del escalafón, según recuentos. Así, el nombramiento inició bajo lógica política, menos estrictamente meritocrática.
Luego, decisiones administrativas consolidaron esa deriva. Se militarizaron aduanas y puertos con cuadros navales. Pero los controles internos quedaron cortos. Y las alertas se procesaron tardíamente claramente.
El caso de Adrián Omar del Ángel Zúñiga golpeó fuerte. Fue removido por señalamientos en Manzanillo. Luego murió en práctica de tiro. La tragedia multiplicó dudas.
Asimismo, hubo condecoraciones y respaldos en tiempos críticos. Adán Augusto López y Luisa María Alcalde recibieron listados de ascensos. Y los Farías Laguna aparecieron. Injustificable.
Mientras tanto, el discurso oficial apela a la honorabilidad. No obstante, principios de honor, deber, lealtad y patriotismo exigen congruencia verificable. La congruencia se demuestra documentalmente.
También corresponde revisar contratos, rotaciones y trazabilidad de contenedores. Porque ahí se cuelan las redes. Además, auditorías forenses reconstruyen decisiones clave. Los hallazgos deberán publicarse íntegramente plenamente.
Importa, además, proteger a los denunciantes. Sin cobertura efectiva, el mensaje es devastador. Quien habla arriesga todo. Por eso, protocolos de alerta temprana y anonimato deben aplicarse realmente.
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Finalmente, el liderazgo comunica también con silencios. Si se agradece la lealtad política, se confunden las tropas. Por tanto, conviene reafirmar límites institucionales con claridad.
Asimismo, la Marina debe blindar controles sobre aduanas y logística. Selección de mandos, rotaciones periódicas y matrices de riesgo ayudan. Además, inteligencia financiera desarma flujos dudosos.
Ahora bien, investigar no equivale a perseguir. Significa establecer la verdad procesal. Urge un equipo verdaderamente independiente. Y medidas cautelares transparentes, sin narrativa exculpatoria prematura, ahora.
En suma, el caso requiere trazabilidad documental, auditorías estrictas y cooperación interinstitucional. Además, responsabilidad política cuando proceda. Así se restituye la credibilidad pública comprometida efectiva.
Esta historia deja una lección. Los conversos políticos ganan cobijo, pero pagan costos institucionales. Por eso, el Estado blinda límites. La Marina recupera su eje.
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