El expediente contra Raúl Rocha llega como distractor perfecto para la presidencia de Claudia Sheinbaum, pero su trama de huachicol puede volverse bomba.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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El gobierno ama los distractores. Nada protege mejor a Palacio Nacional que una buena cortina de humo en plena crisis.
Esta vez el protagonista es Raúl Rocha, señor de los concursos de belleza, reciclado como villano estrella del huachicol y del crimen organizado.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum lidia con violencia, economía frágil y descontento social, la FGR abrió un expediente perfecto para cambiar de tema.
De repente, la filtración sobre el criterio de oportunidad a Rocha inundó la prensa, con una narrativa sospechosamente cómoda para el gobierno.
Según esa versión, el empresario cooperó para librarse de la cárcel por narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible, ofreciendo información privilegiada.
Sin embargo, el criterio de oportunidad no se entrega para balconear empleados, sino para apuntar hacia jefes, padrinos políticos y socios realmente poderosos.
Ahí se rompe el guion oficial. Porque el mundo de Rocha no termina en choferes y gerentes; toca intereses muy sensibles del sistema.
Reportes de inteligencia vinculan a Rocha con el Grupo Virreyes y con Mada Energy, señalada por mover gasolina barata de origen más que dudoso.
Mientras tanto, gasolineras ligadas a ese grupo vendían combustible por debajo del mercado en Tamaulipas, zona marcada por viejas historias de huachicol fiscal.
Además, el expediente menciona contactos con funcionarios, mandos de la FEMDO y personajes judiciales, esos que deberían cuidar la ley y terminan cuidando negocios.
El problema para la presidenta es simple: si alguien jala en serio ese hilo, el bordado puede salpicar a medio régimen, pasado y presente.
En los documentos aparecen nombres ligados a Adán Augusto López y Mario Delgado, además de operadores que se movieron entre Tabasco, Querétaro y la capital.
Por eso, el caso Rocha huele más a control de daños que a cruzada moral. Se exhibe a uno para proteger a varios.
No sería la primera vez. Para quedar bien con Donald Trump, el gobierno ya había montado operativos espectaculares contra el huachicol que luego se enfriaron.
Hoy la película se repite. Cambian actores y slogans, pero el negocio del combustible robado sigue funcionando, rentable y con protección en las alturas.
En Tabasco, por ejemplo, el expediente cruza con las rutas de La Barredora, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación, especializado en mover gasolina ilegal.
Incluso aparecen conexiones con La Unión Tepito y con marinos señalados por proteger cargamentos, todos dentro de esa cloaca que el gobierno presume haber limpiado.
Sin embargo, las investigaciones más delicadas permanecen congeladas. Expedientes contra exfuncionarios, exgobernadores y mandos militares descansan muy tranquilos en la congeladora judicial.
Cuando un caso amenaza con subir demasiado, el sistema aplica su receta conocida: sacrifica a un personaje visible y luego baja discretamente la cortina.
Así, Rocha pasa de socio incómodo a chivo expiatorio oficial. No pisa la cárcel, pero su reputación queda hecha polvo en la picadora mediática.
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Mientras tanto, el gobierno gana tiempo para enfrentar otras bombas: masacres, desapariciones, protestas, datos económicos grises y encuestas cada vez menos favorables.
Porque, aunque el discurso presume mano firme contra el huachicol, los números y los expedientes archivados cuentan una historia mucho menos heroica.
Además, filtración confirma que la justicia se administra con cálculo político. Primero se protege al grupo y después, si se puede, se aplica la ley.
El caso Rocha sirve hoy como distractor útil. Sin embargo, si alguien empuja el expediente completo, puede convertirse en bomba política de largo alcance.
La pregunta incómoda es evidente: ¿quién teme más a la verdad completa, el empresario exhibido o el gobierno que lo usa como pantalla?
Por ahora, la apuesta de Palacio Nacional parece clara. Se quema una pieza visible para blindar a quienes ganaron con el negocio del combustible robado.
Sin embargo, todo distractor tiene fecha de caducidad. Cuando la realidad golpea con otro escándalo, el humo se disipa y la crisis regresa multiplicada.
Al final, la presidencia de Sheinbaum no será juzgada por sus discursos, sino por lo que decidió esconder detrás de cada cortina de humo.
En resumen, el caso Rocha muestra a un gobierno atrapado en su propio laboratorio de distractores. Y algunas mezclas, tarde o temprano, terminan explotando.
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