El Plan Michoacán llegó entre marchas y hartazgo. Ofrece despliegue, inversión y “sellar el estado”. Pero, sin inteligencia financiera y justicia eficaz, el ciclo se repite.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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En Uruapan, el asesinato de Carlos Manzo reventó el dique. La indignación marchó a gritos. Entonces, el gobierno anunció el Plan Michoacán.
La respuesta federal promete 10,500 elementos y 57 mil millones para seguridad y desarrollo. Suena contundente; sin embargo, el reto michoacano es histórico y complejo.
Porque CJNG y Cárteles Unidos disputan rutas, cosechas y pueblos. Aunque crezca el despliegue, la dinámica criminal no se desactiva solo con presencia.
Además, Sedena habló de “sellar el estado” para impedir entradas y salidas. La idea muestra ambición; no obstante, exige inteligencia, justicia y coordinación real.
En Palacio se presentaron 12 ejes y más de 100 acciones. Hay becas, vivienda y empleo. Aun así, medir resultados pedirá metas y plazos públicos.
Mientras tanto, Grecia Quiroz, ahora alcaldesa y cabeza del Movimiento del Sombrero, capitaliza el enojo ciudadano. Su llamado al voto de castigo en 2027 crece.
El enojo es comprensible. Sin embargo, convertirlo en gobernabilidad requiere más que despliegues temporales. Se necesitan policías fuertes, fiscales que acusen y jueces que sentencien.
Entonces, conviene preguntarlo sin rodeos: ¿el plan desmantelará estructuras, finanzas y cuadros medios? O, de nuevo, ¿veremos operativos visibles sin capturas estratégicas y procesos sólidos?
Porque en Michoacán el crimen cobra “derecho de piso”, controla el agro y corrompe autoridades. Sin inteligencia financiera, la rueda volverá a girar pronto.
Además, el costo político crece. Cada ejecución de autoridad electa erosiona legitimidad. Por eso, el Estado debe proteger liderazgos locales o las plazas quedarán vacías.
A la vez, en Estados Unidos suben presiones. Reportes operativos reavivaron fantasmas de intervención. Sheinbaum dijo que no ocurrirá; sin embargo, el ruido pesa.
No olvidemos otro dato: agencias estadounidenses presumen detenciones con inteligencia compartida. La cooperación es real. Si México no muestra resultados, crecerán voces por acciones unilaterales.
Por eso, el éxito exigirá tres candados: objetivos claros, cronograma público y evaluación quincenal. Además, indicadores abiertos sobre homicidio, extorsión y secuestro por región.
Asimismo, urge blindar al campo. Sin protección al limón y al aguacate, el “sellado” es cosmético. La extorsión por kilo debe abatirse con casos armados.
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Otro punto crítico es la fuerza local. Sin salarios dignos, vetos firmes y mandos profesionales, la rotación criminal seguirá encontrando puertas abiertas.
En contraste, si la estrategia integra inteligencia, ministerios públicos y trazabilidad del dinero, el músculo militar podría traducirse en golpes y sentencias ejemplares.
Además, conviene transparencia presupuestal. Distinguir recursos nuevos de reetiquetados evitará triunfalismo contable y permitirá exigir cuentas cuando los plazos se cumplan.
Finalmente, Sheinbaum necesita una narrativa creíble. La sociedad quiere menos discursos y más capturas. Sobre todo, pueblos libres de bloqueos, cuotas y toques de queda.
En Claro y Conciso, mantenemos crítica pragmática: el Plan Michoacán apenas inicia. Juzguémoslo por resultados, no por conferencias ni montajes.
Por último, involucremos a la ciudadanía: tableros públicos, auditorías externas independientes y veedurías comunitarias. Así, las cifras del Plan Michoacán tendrán vigilancia real y constante.
Si hay capturas clave, sentencias y alivio tangible, habrá reconocimiento. Si no, el voto ciudadano hablará más fuerte que cualquier plan de emergencia.
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