La presidenta Sheinbaum presentó la Credencial Universal de Salud como la nueva llave del sistema público, pero el “universal” trae asteriscos: en ocho estados sin IMSS-Bienestar, el registro dependerá de acuerdos estatales y de la condición de gratuidad.
Conferencia del Pueblo | Claudia Sheinbaum
Análisis
Política Gurú
Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum: la Credencial Universal de Salud, el “hueco” de los 8 estados fuera del IMSS-Bienestar y el repunte de sarampión que obligó a hablar de vacunación con tono de alerta.
La idea suena impecable: una credencial que te identifique en el sistema público, conecte tu historial clínico y evite el interrogatorio de siempre. Sin embargo, una credencial no cura, no opera y no abastece. La tarjeta promete orden, pero el país sigue discutiendo lo básico: quién paga, quién atiende y quién responde cuando el servicio falla.
El punto políticamente explosivo apareció rápido: hay ocho estados que no están adheridos al IMSS-Bienestar —Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato— y, por lo tanto, no entran “automático” a la narrativa federal de un solo sistema.
Ahí la presidenta puso la decisión en manos de los gobernadores: si quieren “entrar”, se podría credencializar también a la población atendida por el sistema estatal. Pero agregó la condición que cambia todo: para sumarse, el servicio estatal debe ser gratuito. Dicho simple: sin gratuidad, no hay credencialización completa.
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Y aquí es donde el discurso se vuelve campo minado. Porque, por un lado, el gobierno federal presenta la credencial como derecho universal; pero, por otro, en esos estados el acceso queda condicionado a un acuerdo político-administrativo. Universal, sí, aunque con asterisco: “depende del gobernador”.
Además, el gobierno reconoció el tamaño de la operación: 3,500 millones de pesos para credencializar a toda la población, entre elaboración, personal y equipo. Suena grande, pero el país ya aprendió a desconfiar de los “grandes números” cuando el problema real está en la trinchera: filas, saturación, citas a meses y hospitales que funcionan a ratos.
A esto se suma la meta que parece de ciencia ficción: registrar a 134 millones 407 mil 258 personas con 2,365 módulos y 9,791 estaciones, con atención de 9:00 a 17:00 de lunes a sábado, y sábados para rezagados. En el papel, la logística es elegante; en la calle, suele ganar la realidad: transporte, permisos, tiempos laborales y la brecha digital.
Porque sí, habrá credencial impresa y también digital. Se dijo que en abril de 2026 estará disponible en la App MX. Sin embargo, México no es un solo México: hay zonas donde el teléfono inteligente es lujo, los datos móviles son intermitentes y el trámite digital se convierte en otra puerta cerrada.
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Lo delicado —y casi nadie lo dice en voz alta— es la promesa del historial clínico vinculado. Si funciona, sería un salto. Pero, si se implementa mal, será un desastre: errores de captura, homonimias, filtraciones, y un país preguntándose quién controla la información más sensible: la de la salud. Modernizar sin blindaje es invitar al escándalo.
Mientras tanto, el gobierno mezcló el anuncio con un recordatorio incómodo: el sistema no solo son credenciales, también son brotes. Se mencionó que los estados con más casos de sarampión son Jalisco, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y que Chihuahua habría sido controlado. Es decir: justo cuando se promete orden, aparece el recordatorio de que la urgencia sanitaria no espera a la burocracia.
Por eso se habló de la “dosis cero” para bebés de 6 a 11 meses, y de grupos prioritarios como personal de salud, educativo y jornaleros agrícolas. También se presumió la aplicación de 11 millones 853 mil 684 dosis y suficiencia por dos años. Aun así, el país sabe que “hay vacunas” no siempre significa “llegan a tiempo”.
En suma, la Credencial Universal de Salud puede ser una herramienta útil si se convierte en llave para coordinar instituciones y evitar el caos de ventanilla. No obstante, hoy se parece más a un gran anuncio de administración pública que a una solución clínica. La credencial es el mapa, pero el paciente necesita el camino: médicos, medicinas y atención real.
Y la pregunta que queda es brutalmente sencilla: si lo “universal” depende de acuerdos estatales y de la capacidad de módulos, ¿estamos ante un nuevo piso de derechos o ante otro trámite masivo que, al final, solo formaliza la desigualdad?
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