Un audio de 19 minutos exhibe la ruta del presunto huachicol fiscal en aduanas y la disyuntiva que enfrentó Marina: investigar a fondo o “cerrarlo” internamente. El denunciante fue asesinado. El impacto llega al ciudadano común.
Editorial | Corrupción
Análisis
Política Gurú
Un audio de 19 minutos puede cambiar más que un discurso entero. Y, sin embargo, este no es cualquier audio: es la conversación en la que un contralmirante expone, con nombres y rutas, un presunto entramado de huachicol fiscal incrustado en aduanas y mandos navales. El problema no es solo lo que se escucha, sino lo que vino después.
De acuerdo con el reportaje difundido por Aristegui Noticias, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar alertó al entonces titular de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sobre una red que —según la denuncia— involucraba a sus sobrinos políticos, los vicealmirantes Manuel y Fernando Farías Laguna, y a otros mandos que “cobraban” o filtraban información.
La frase que marca el tono no necesita interpretación: dos rutas. “Destapamos todo” o “lo cerramos aquí nosotros” con cambios de adscripción y reacomodos internos. En otras palabras, o institución o control de daños. Y, aun así, se asoma un tercer escenario que no debería existir en un Estado de derecho: el silencio a balazos.
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Guerrero fue asesinado en Manzanillo, Colima, el 8 de noviembre de 2024, tras haber dejado constancia de sus movimientos y destinos de descanso, información que —por definición— solo manejaban círculos con acceso institucional. Si esto se confirma plenamente, el caso deja de ser “crimen común” y se convierte en mensaje.
Además, el momento es clave: al asesinato le siguió, meses después, el relato de un decomiso histórico de huachicol en Tamaulipas —decenas de millones de litros— del que, según reportes periodísticos y expedientes referidos públicamente, solo una parte habría quedado formalmente registrada. Cuando el país mira esas cifras, no ve litros: ve hospitales, patrullas, escuelas, carreteras que no se construyen.
Aquí está el punto medular: el huachicol fiscal no es únicamente robo de combustible; es evasión, contrabando, captura de aduanas y, en el peor de los casos, protección armada a redes criminales. Por eso el ciudadano común paga dos veces: primero con impuestos que se van por un drenaje clandestino y luego con servicios públicos recortados o inexistentes.
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En la discusión pública, el exsecretario Ojeda ha sido defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum, por Omar García Harfuch y por Alejandro Gertz Manero, bajo la idea de que desde 2023 se investigaba el asunto. Sin embargo, lo que se escucha en el audio —preguntas básicas sobre identidades y roles— abre una duda incómoda: ¿se investigaba de verdad con trazabilidad, o se administraba el expediente para que no salpicara arriba?
Y, aun si la defensa fuera cierta en lo formal, queda la pregunta política que no se archiva: ¿por qué no quedó información clara para el siguiente mando? ¿Quién decidió que el costo de “destapar la cloaca” era demasiado alto? Cuando la salida es “arreglarlo aquí” y el desenlace es la muerte del denunciante, la institucionalidad se erosiona.
El país no necesita más “comisiones internas” ni cambios de plaza como cortina. Necesita investigaciones verificables, responsabilidades penales y, sobre todo, protección real a quien denuncia. Porque cuando el tercer camino se vuelve método, lo que cae no es un contralmirante: cae la confianza.
Crédito: Esta editorial está basada en la columna de opinión de Héctor de Mauleón, “En Tercera Persona”, publicada en El Universal.
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