La discusión en la Suprema Corte dejó de ser un tecnicismo: se convirtió en una prueba de fuego sobre la mayoría, la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Cuando una sentencia se quiere moldear a voluntad, el costo lo paga el país entero.
Editorial | Justicia
Análisis
Política Gurú
En la Suprema Corte, el choque no fue solo técnico: fue una disputa por el principio de mayoría y la certeza jurídica. Cuando una ministra insiste en imponer un párrafo rechazado por 7 de 9 integrantes, el problema deja de ser un “detalle de redacción”. Se vuelve una señal de cómo se quiere gobernar el derecho.
El punto de fondo gira alrededor de la cosa juzgada: la idea de que una sentencia firme no se reabre por capricho, porque el sistema necesita finalidad. Si todo puede revisitarse “después”, entonces nadie sabe a qué atenerse: ni empresas, ni víctimas, ni acusados, ni el ciudadano que solo quiere reglas claras.
Por eso, cuando se intenta colar la puerta de la “cosa juzgada fraudulenta” dentro de un proyecto donde la mayoría ya había cerrado el debate, lo que se percibe es otra cosa: una apuesta por dejar constancia política para el futuro. En otras palabras, no se litiga el caso; se prepara el terreno.
Aquí entra lo institucional: la Corte no es un monólogo. Es un órgano colegiado. Si una sentencia contiene afirmaciones que no representan el consenso mayoritario, se altera el mecanismo democrático interno que le da legitimidad. Además, se normaliza una práctica peligrosa: que la voluntad individual pese más que la deliberación.
El impacto en la vida cotidiana no es abstracto. Si la certidumbre se debilita, se encarece todo: el crédito, la inversión, la defensa legal y hasta la confianza en denunciar. Mientras tanto, la justicia deja de verse como piso común y se convierte en terreno de disputa ideológica, con ganadores y perdedores según el clima político.
Sin embargo, el problema no termina en el pleno. Cuando una figura se asume como “justiciera” en vez de juzgadora, el mensaje hacia afuera es que la ley puede convertirse en herramienta de castigo o venganza, no en garantía de libertades. Y eso, tarde o temprano, lo paga la sociedad completa.
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En paralelo, los indicios políticos no ayudan a enfriar el ambiente. Los trascendidos apuntan a reuniones de emergencia en Palacio Nacional por una reforma electoral atorada y por tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad. Además, el ruido diplomático crece con señalamientos de maltrato laboral en una embajada clave.
Al final, lo que está en juego es simple: si la Corte se vuelve arena de facciones, la Constitución pierde su función de árbitro. Y cuando el árbitro se politiza, la ciudadanía se queda sin último recurso.
Esta editorial está basada en la columna “Serpientes y Escaleras”, de Salvador García Soto, publicada en El Universal.
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