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Alejandra Gálvez vive en Huehuetoca, Estado de México, en una casa que alguna vez fue un cascarón vacío. Llegó ahí tras huir del abuso de una arrendadora.
Desde hace una década ocupa una vivienda abandonada del Infonavit, sin escrituras ni servicios. Aun así, la transformó en un hogar habitable con esfuerzo personal.
Aunque no tiene título de propiedad, Alejandra espera que el nuevo programa federal la convierta, por fin, en dueña legal del lugar que ha rehabilitado.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa un proyecto para regularizar viviendas abandonadas y resolver parte del enorme déficit habitacional que afecta a millones de mexicanos.
Dicho plan busca ofrecer soluciones a más de 842,000 casas financiadas por Infonavit, las cuales han sido deshabitadas, invadidas o apropiadas por grupos criminales.
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En muchos casos, los inmuebles se encuentran en zonas aisladas, sin servicios básicos ni transporte eficiente, y sin acceso a fuentes de empleo cercanas.
Según el INEGI, hay más de seis millones de viviendas desocupadas en México. Esto representa casi el 20 % del total construido en el país.
En paralelo, el déficit de vivienda supera los nueve millones de unidades, ya sea por falta de nuevas construcciones o por el deterioro de las existentes.
La Secretaría de Bienestar ha comenzado un censo casa por casa para identificar quién ocupa, qué y en qué condiciones, aunque el crimen impide entrar en muchas zonas.
Algunas colonias, como El Dorado, donde reside Alejandra, han sido clasificadas como “foco rojo” por la inseguridad y la complejidad legal de las viviendas.
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En municipios como Huehuetoca y Zumpango, cercanos al AIFA, se localiza una gran parte de los casos más urgentes del Estado de México.
Expertos señalan que el origen del problema radica en la separación histórica entre las políticas de vivienda y las de desarrollo urbano.
Durante décadas, se construyeron miles de casas en terrenos lejanos, sin servicios ni planificación, lo que hoy representa un reto mayúsculo para el Estado.
El nuevo enfoque de Sheinbaum busca reconectar el derecho a la vivienda con una visión social, sostenible y legalmente segura para personas como Alejandra.
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