Dicen que la justicia tarda, pero llega. Sin embargo, en el México de la autodenominada «Cuarta Transformación», la justicia a veces parece tener un reloj sincronizado exclusivamente con los tiempos políticos y las vendettas personales.
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Dicen que la justicia tarda, pero llega. Sin embargo, en el México de la autodenominada «Cuarta Transformación», la justicia a veces parece tener un reloj sincronizado exclusivamente con los tiempos políticos y las vendettas personales.
La Fiscalía General de la República (FGR), ahora con la poderosa influencia de Ernestina Godoy recién llegada, ha decidido judicializar la carpeta contra María Amparo Casar. ¿El motivo? Un presunto «uso ilícito de atribuciones» relacionado con la trágica muerte de su esposo en Pemex hace exactamente dos décadas.
Vamos a los datos fríos, porque el contexto es clave. La FGR alega un daño patrimonial de 31 millones de pesos. Esta cifra surge de una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales otorgada a Casar tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla en 2004.
El punto crítico es que Márquez Padilla solo trabajó 129 días en la paraestatal durante el sexenio de Fox, antes de caer desde un piso 12.
Aquí es donde la trama se complica y huele a azufre político. La narrativa oficial, impulsada anteriormente por Octavio Romero desde Pemex, sugiere que fue un suicidio, lo que invalidaría la pensión. Por lo tanto, acusan que el beneficio se cobró ilegalmente.
No obstante, desempolvar un caso de 2004 contra la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una de las organizaciones más críticas del obradorismo, difícilmente parece una coincidencia administrativa.
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Más bien, parece un mensaje contundente: el aparato del Estado tiene memoria y dientes afilados para quienes incomodan.
Al final del día, más allá de los tecnicismos legales que deberán probarse en tribunales, la percepción ciudadana es alarmante. Si las instituciones se usan para cobrar facturas políticas añejas en lugar de perseguir al crimen actual, entonces no estamos ante justicia, sino ante un uso faccioso del poder. Y eso, estimado lector, nos debería preocupar a todos.
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