Cuatro casos cimbran al gobierno: Teuchitlán, Sinaloa, La Barredora y huachicol fiscal revelan omisiones y captura institucional. ¿Habrá justicia efectiva o solo operativos mediáticos?
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La seguridad volvió al centro del debate. Teuchitlán, Sinaloa, La Barredora y el huachicol fiscal exhiben grietas en el discurso de cero impunidad.
En Teuchitlán, el Rancho Izaguirre reveló un centro de reclutamiento forzado y exterminio. Además, hubo detenidos y un inventario de cientos de indicios que estremeció a Jalisco.
Luego, la FGR atrajo el caso y profundizó líneas de investigación. Sin embargo, colectivos denunciaron omisiones locales y lentitud institucional para identificar restos humanos.
Asimismo, se confirmaron condenas a los responsables detenidos en 2024. Aun así, las familias exigieron procesos periciales robustos y coordinación real entre fiscalías.

En Sinaloa, tras la captura del Mayo Zambada, Culiacán vivió picos de homicidios y desplazamientos. Además, la ciudad encabeza la percepción de inseguridad con 90.8% de habitantes alarmados.
Aunque se reportaron operativos y aseguramientos, la violencia alteró rutinas cotidianas. Por ello, sectores productivos resintieron pérdidas y eventos cívicos fueron suspendidos.
En Tabasco, el caso La Barredora golpeó la credibilidad gubernamental. Hernán Bermúdez fue señalado como líder criminal con apoyo de policías estatales.
Más aún, su captura internacional y la vinculación al proceso exhibieron una red que presuntamente usó patrullas públicas para custodiar droga, combustible robado y secuestros.
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El expediente alcanzó a figuras del entorno morenista. Sin embargo, los involucrados han negado responsabilidades políticas y atribuyen las acusaciones a persecución.
Finalmente, el huachicol fiscal destapó corrupción en aduanas operadas por mandos de la Semar. El buque Challenge Procyon y otros ingresos revelaron combustible disfrazado para evadir IEPS.
Además, la red vinculada a los Farías Laguna operó en Altamira y Tampico desde 2023 con decenas de envíos y ganancias millonarias.
Aunque el gobierno prometió llegar “hasta donde tope”, el caso dejó dudas sobre controles y auditorías previas. No obstante, los aseguramientos recientes muestran una reacción tardía, pero necesaria.
En suma, estos cuatro frentes comparten patrones: omisiones, complicidad y captura institucional. Por ello, el reto del sexenio será convertir golpes mediáticos en justicia verificable y reformas anticorrupción duraderas.
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