El Partido del Trabajo ha lanzado un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum: candidaturas o conflicto. Sin embargo, informes de inteligencia advierten que ceder el control de Zacatecas y Baja California Sur al PT podría significar entregar el gobierno al crimen organizado.
Editorial | Seguridad
Análisis
Política Gurú
El escenario político mexicano está presenciando una jugada de alto riesgo. El Partido del Trabajo (PT) ha dejado de ser el aliado silencioso para convertirse en un dolor de cabeza estratégico para la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que vimos este domingo en Oaxaca, con la movilización para revocar el mandato de Salomón Jara, no fue un ejercicio democrático aislado; fue una demostración de músculo, una advertencia clara: si no hay cumplimiento de caprichos, hay desestabilización.
El chantaje es directo. El PT exige las candidaturas a las gubernaturas de Baja California Sur y Zacatecas para 2027 a cambio de su cooperación en la reforma electoral. Sin embargo, ceder ante esta presión no es solo un asunto de cuotas de poder partidista; es, según agencias de inteligencia de Estados Unidos, abrirle la puerta de par en par al crimen organizado en instituciones estatales clave.
Aquí es donde la trama se oscurece y afecta directamente la seguridad nacional.
El foco rojo tiene nombre y apellido: José Narro Céspedes. Este diputado, quien cabildea intensamente por la gubernatura de Zacatecas, es figura central en investigaciones estadounidenses sobre narcopolítica. Se le vincula con una presunta redistribución de poder entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No es un rumor de pasillo; hay expedientes que señalan la entrega de credenciales oficiales a operadores del crimen, como “El Panu”, vinculado a Los Chapitos.
Para el ciudadano común, esto significa que la violencia en estados como Zacatecas —clave por sus rutas y minería— o destinos turísticos como Los Cabos, podría institucionalizarse bajo el amparo de un partido político.
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La situación es crítica porque trasciende nuestras fronteras. En Washington, la administración Trump observa con lupa. Consideran al PT como un “vaso comunicante” con los cárteles. Si el gobierno de Sheinbaum cede las gubernaturas al PT, no solo estaría empoderando a figuras cuestionables, sino que estaría comprando un conflicto diplomático mayor con Estados Unidos.
La solución no está en la negociación política tradicional de Morena. El balón está en la cancha de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él posee los expedientes. Su tarea no es negociar curules, sino sentarse a la mesa con las pruebas de inteligencia que vinculan a líderes del PT con la desaparición de marinos y operaciones ilícitas.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una encrucijada: ceder al chantaje para asegurar su reforma electoral a corto plazo, o blindar al Estado de la infiltración criminal, evitando así una crisis de seguridad y una confrontación directa con la Casa Blanca.
Esta editorial está basada en la editorial de Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente personal, publicada en el periódico El Financiero.
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