La reforma electoral de Sheinbaum aún no llega a San Lázaro y ya tensó al bloque oficialista: PVEM y PT se quejan de exclusión y advierten que, sin ellos, no hay mayoría calificada.
Editorial | Política
Análisis
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La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum todavía no llega formalmente a San Lázaro, pero ya abrió una grieta dentro del bloque oficialista. Cuando tus aliados se sienten ignorados, la disciplina parlamentaria deja de ser automática.
El borrador del Ejecutivo se cocina en una comisión creada en 2025 y encabezada por Pablo Gómez. Además, Ricardo Monreal ya adelantó que el paquete implicaría múltiples cambios, varios de rango constitucional, por lo que necesitarán consenso interno.
El punto más sensible es recortar los plurinominales: bajar de 200 a 100 diputados de representación proporcional y desaparecer los 32 escaños pluris del Senado. No es un detalle técnico; es un golpe directo al oxígeno político de partidos medianos.
En términos simples: se tocaría el mecanismo que permite que fuerzas no mayoritarias tengan presencia real. Por eso, aunque Morena lo venda como “ahorro” o “orden”, PVEM y PT leen otra cosa: una reforma que puede achicarles margen, visibilidad y poder de negociación.
La aritmética explica el nerviosismo. Morena ronda 253 diputados, mientras que el PVEM tiene alrededor de 62 y el PT cerca de 49. Para cambiar la Constitución se necesitan 335 votos; si uno se desmarca, no alcanza.
El espejo del Senado también pesa. Ahí, Morena se mueve en torno a 67 escaños, el PVEM cerca de 14 y el PT alrededor de 6; si se exige una votación de dos tercios con asistencia completa, el umbral ronda 86 votos. Sin aliados, la cuenta se queda corta.
De ahí el mensaje del Verde: “no nos consultaron” y “no estamos obligados”. Aunque el PVEM suele negociar con pragmatismo, su fuerza depende de reglas vigentes y de espacios en coalición. Y, de paso, llega tras choques recientes con Morena por otras reformas internas.
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En el PT, Reginaldo Sandoval ya puso el cálculo sobre la mesa y cuestionó la prioridad. Si la 4T ya domina el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿para qué mover el sistema electoral ahora? El argumento busca presión: si el voto es imprescindible, el precio sube.
Esto no significa que la reforma esté muerta. Más bien, abre la fase clásica: negociación. Primero se regatean concesiones (candidaturas 2026, comisiones, agenda y presupuesto). Después se ajusta el dictamen para que los socios no pierdan demasiado.
¿Y el ciudadano común qué se juega? Si el debate se centra en recortar representación y reconfigurar árbitros, la confianza en las elecciones puede bajar. Además, se consume tiempo legislativo que compite con seguridad, empleo e inflación. Por eso, unos hablan de “modernizar” y otros sospechan de “controlar”.
Esta nota se elaboró a partir de la columna “Serpientes y Escaleras” de Salvador García Soto, publicada en El Universal.
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