Reportan un golpe mayor contra el crimen, pero la pregunta clave no es quién cayó, sino quién protege a la gente cuando llega el “día después”.
Editorial | Seguridad
Análisis
Política Gurú
La versión de que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, reconfigura el mapa criminal. En apariencia, el gobierno de Claudia Sheinbaum anotaría un golpe histórico. Sin embargo, el éxito real no se mide en el parte militar, sino en lo que ocurra después.
Porque cuando cae un jefe absoluto, se abre una competencia feroz por la sucesión. Además, las estructuras que controlan rutas, cobros y “protección” no desaparecen de un día a otro. Por eso, la pregunta ciudadana es simple: ¿habrá más seguridad o solo un nuevo ciclo de violencia?
El relato operativo —apoyo de inteligencia estadounidense, participación del Ejército Mexicano y ataques en zona serrana— sugiere una decisión política de alto riesgo. Aun así, lo decisivo es la contención: carreteras, ciudades y comunidades se vuelven el tablero donde el cártel busca demostrar que sigue mandando.
En la sierra, el combate suele premiar al que conoce el terreno y recluta localmente. De hecho, la “leva” en comunidades indígenas y rurales implica una dimensión social: pobreza, coerción y ausencia de Estado. Si el gobierno no entra con servicios, justicia y protección, el relevo criminal se alimenta solo.
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También pesa el factor internacional. Si Estados Unidos aportó información, lo hizo por interés propio: drogas sintéticas, finanzas ilícitas y riesgos para eventos masivos. En consecuencia, México debe exigir cooperación útil, pero sin delegar su estrategia. La soberanía no se declama; se ejerce con resultados sostenidos.
La otra cara es la gobernabilidad cotidiana. Bloqueos, incendios, ataques a comercios y suspensión de rutas en Jalisco y estados vecinos golpean al trabajador: pierde el día, arriesga el traslado y paga más por alimentos. Mientras tanto, negocios cierran y escuelas paran, con costos inmediatos.
En ese contexto, la comunicación oficial importa. Si el gobierno administra el silencio, circula el pánico; si exagera la victoria, alimenta expectativas imposibles. Por lo tanto, necesita mensajes claros: qué zonas se resguardan, qué carreteras se liberan y cómo se protege a civiles, transportistas y maestros.
Asimismo, la respuesta debe sostenerse semanas, no días. Si el Estado se retira rápido, la violencia rebota y el ciudadano queda atrapado entre retenes ilegales y rumores.
El vacío de liderazgo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) puede fortalecer al “número dos” y acelerar purgas internas. Además, el control empresarial del cártel —legal e ilegal— demanda una respuesta financiera: congelamiento, decomisos y persecución de lavadores. Sin esa pinza, la organización muta y sobrevive.
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Hay otra advertencia: la tentación del “trofeo” político. La experiencia del sexenio de Felipe Calderón mostró que descabezar sin construir los pisos estatal y municipal fragmenta bandas y multiplica violencia. En cambio, una operación de esta magnitud exige policías locales capaces, fiscalías funcionales y juzgados que resistan la presión.
Por eso, la prioridad inmediata debe ser protección civil y no solo despliegue militar. Cuidar terminales, hospitales y centrales de abasto, blindar a familias de militares y evitar represalias contra inocentes es tan estratégico como capturar objetivos. Sin legitimidad, el Estado pierde la calle.
Si se confirma la muerte de Oseguera, estamos ante un punto de inflexión. No obstante, el país no puede celebrar hasta que baje la tasa de ataques, se restablezca la movilidad y se rompa la capacidad de intimidación. El reto ahora es gobernar el “día después”, sin improvisación.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero.
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