En Culiacán corre un rumor que ya opera como sentencia política: “Lo van a entregar”. No hay confirmación pública, pero el clima cambió tras la escalada de Washington y la fecha clave del caso El Mayo.
Editorial | Política
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En Culiacán, una frase empezó a pesar más que cualquier boletín oficial: “Lo van a entregar”. No hay documento público que lo confirme, pero el rumor se instaló en el entorno del gobernador Rubén Rocha Moya y, cuando eso ocurre, ya hay daño político: incertidumbre, parálisis y miedo a la siguiente llamada.
El contexto importa. Tras la operación de Estados Unidos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro, la señal regional cambió: Washington demostró que puede escalar sin pedir permiso. Por eso, cada declaración de Donald Trump sobre cárteles y México se lee aquí como advertencia, no como bravata.
Además, la presión dejó de ser abstracta. Un reporte internacional habló de “exigencias” para actuar contra políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Claudia Sheinbaum lo negó de forma tajante: dice que no hay solicitud formal, ni tema planteado en llamadas, ni lista sobre la mesa. Sin embargo, el golpe ya está dado, porque la política funciona con percepciones.
Ahora entra el factor que realmente inquieta a los operadores: Ismael “El Mayo” Zambada. Tras declararse culpable, espera sentencia en Nueva York el 13 de abril de 2026. Si hay colaboración con autoridades estadounidenses, no necesariamente habrá nombres “nuevos”, pero sí podría haber rutas, vínculos y relatos que se vuelvan munición judicial y mediática.
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En ese tablero, Sinaloa aparece como punto rojo. Rocha carga señalamientos, cartas públicas y una crisis de gobernabilidad que no afloja. Encima, se abrió un frente local con Coparmex por el robo de vehículos: el empresariado acusa repunte y el gobernador responde que “exageran”. Mientras tanto, el ciudadano común solo ve lo mismo: asaltos, seguros más caros y calles menos confiables.
Entonces, ¿qué cambia si el rumor de “entrega” crece? Primero, la economía cotidiana: inversión que se pausa, empleo que se frena, turismo que se retrae. Segundo, la seguridad: los grupos criminales reaccionan cuando sienten que alguien “se va a caer”, y esa reacción suele pagarse con violencia.
Finalmente, está la pregunta incómoda: si Washington aprieta, ¿Palacio negocia o resiste? La soberanía no se defiende con discurso, sino con Estado de derecho: investigaciones sólidas, cooperación transparente y castigo a quien corresponda. Porque si la justicia se vuelve moneda de cambio, el costo lo paga la gente, no los políticos.
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