La destitución de Marx Arriaga en la SEP no fue un trámite: fue una señal de que Sheinbaum ya está marcando distancia con el ala más dura del obradorismo.
Editorial | Corrupción
Análisis
Política Gurú
La salida de Marx Arriaga de la SEP no es un simple movimiento de oficina: es un síntoma. Y, sobre todo, es la confirmación de que Claudia Sheinbaum está administrando una herencia política que pesa… y que, además, estorba.
En el discurso, la continuidad con Andrés Manuel López Obrador se sostiene con firmeza. Sin embargo, en los hechos, la nueva Presidencia está construyendo distancia selectiva: no tanto de las banderas del movimiento, sino de sus perfiles más conflictivos, esos que se vuelven costo electoral y problema diplomático.
Por eso, el caso Arriaga importa. No solo por el cargo —la Dirección General de Materiales Educativos—, sino porque su presencia simbolizaba el ala dura del obradorismo metida hasta la cocina del Estado. Y cuando esa ala decide confrontar al poder desde adentro, el gobierno se ve obligado a cortar.
Además, sus declaraciones en Tabasco no fueron un desliz menor. Acusar una “traición” a los sueños de López Obrador y llamar a formar comités de defensa del obradorismo suena a resistencia interna, casi una estructura paralela. En cualquier administración, eso se interpreta como desafío directo.
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Ahora bien, el punto de choque real parece más profundo que un pleito personal con Mario Delgado. La disputa toca el corazón de la Nueva Escuela Mexicana: el control de los libros de texto, la narrativa educativa y el poder simbólico de definir “lo correcto” desde el aula.
Y ahí aparece el impacto ciudadano. Porque, mientras el gobierno pelea por el enfoque ideológico, las familias siguen preguntándose lo básico: ¿mejorará el aprendizaje? ¿habrá materiales claros? ¿la escuela pública tendrá estabilidad? Cuando la educación se vuelve campo de batalla política, el costo lo paga el alumno.
Sin embargo, el movimiento no puede reconocerlo abiertamente. Por eso se usa la etiqueta de “cambio administrativo”. Es la salida elegante para evitar que el despido parezca una purga. Pero el mensaje interno es nítido: la Presidencia no va a tolerar trincheras dentro de sus propias dependencias.
Además, Arriaga no está solo en el mapa ideológico. Se le vincula con figuras del círculo más combativo del proyecto: Jesús Ramírez, Martí Batres, Paco Ignacio Taibo II y Epigmenio Ibarra. Es decir, un bloque que entiende la política como confrontación permanente, incluso contra aliados tibios.
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En ese tablero, también cuenta el factor de imagen. La administración está intentando bajar la temperatura: frente a la ciudadanía cansada de pleitos y frente a un entorno internacional hostil. Y si del otro lado está Donald Trump elevando el tono contra “radicales” latinoamericanos, el gobierno mexicano tendrá incentivos para verse más institucional, menos incendiario.
De hecho, que Arriaga siguiera atrincherado en su oficina hasta el cierre del episodio añade otra capa: no fue una transición tersa, fue un forcejeo de poder. Y cuando un gobierno tiene que “batallar” para remover a un funcionario, lo que se exhibe es debilidad operativa.
Mientras tanto, las posdatas muestran el mismo patrón: política como desgaste. El caso del presunto parque eólico inexistente y el expediente que salpica a figuras del entorno regio se vuelve munición en la antesala electoral. A la par, el episodio de La Cruz Azul revive redes del sexenio pasado, donde lo jurídico, lo empresarial y lo político se mezclan sin pudor.
Finalmente, las presiones del PVEM y el PT por la reforma electoral enseñan otra verdad incómoda: Morena no solo enfrenta críticos afuera; también enfrenta chantajes dentro de su coalición. Y cuando un liderazgo presume fortaleza, pero negocia bajo amenaza, el ciudadano percibe lo mismo: incertidumbre.
Marx Arriaga SEP
Crédito: Esta editorial está basada en la columna de opinión de Mario Maldonado, NegoCEOs, publicada en El Universal.

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