Con la caída de “El Mencho”, Sheinbaum manda una señal de ruptura en seguridad; sin embargo, el “día después” se mide en bloqueos, miedo y servicios paralizados que terminan pagando los ciudadanos.
Editorial | Política
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La muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” marca un parteaguas político. No solo por el golpe al CJNG, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum parece ejercer el mando con una decisión que define su propio sello.
Hasta ahora, el país venía arrastrando una narrativa oficial que evitaba confrontar a fondo a las cúpulas criminales. Sin embargo, al ir por el jefe del cártel más expansivo, Sheinbaum envía una señal interna y externa: el Estado sí puede actuar contra un enemigo que se volvió un poder paralelo.
Aun así, el costo quedó a la vista en horas. Como era previsible, llegó la represalia: narcobloqueos, vehículos incendiados, ataques a comercios y parálisis en zonas clave. Además, la sensación de fragilidad se metió en la rutina: clases suspendidas, eventos cancelados y empresas cerrando por prevención.
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Ese “día después” no lo paga el gobierno; lo paga la calle. Y lo paga en tiempo real: transporte detenido, trabajadores varados, turistas atrapados, familias encerradas. Por eso, el éxito operativo no puede medirse solo por el objetivo abatido, sino por la capacidad de contención inmediata.
Con todo, el episodio derrumba un argumento que se usó durante años para justificar la inacción: que capturar a capos “provoca un baño de sangre inevitable” y por eso era mejor evitar. Esta vez hubo caos, sí; pero también hubo reacción institucional, despliegue y recuperación paulatina del control.
Además, la cooperación con Estados Unidos vuelve al centro del debate. Aunque la ejecución haya sido mexicana, la inteligencia compartida y la presión bilateral pesan. En consecuencia, el mensaje es doble: hacia Washington, disposición a golpear estructuras; hacia adentro, voluntad de romper inercias.
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Aquí está el punto fino: no se trata de celebrar militarmente una muerte, sino de entender la política detrás. Si Sheinbaum decide que su gobierno no será rehén del “no se puede”, entonces también tendrá que sostener el resto del paquete: investigación financiera, decomisos, redes de protección y, sobre todo, narcopolítica.
Porque abatir a un líder puede fragmentar el monstruo. Entonces, si no se controlan las sucesiones y las “franquicias” criminales, el país puede entrar en una fase más errática: disputas locales, extorsión más agresiva y violencia dispersa. Por lo tanto, el reto ya no es el golpe, sino la administración del vacío.
En paralelo, el ruido institucional no se detiene. Mientras la seguridad arde, la agenda pública se llena de pleitos de poder en tribunales y de disputas internas. Ese contraste importa: un gobierno puede ganar una batalla operativa y, aun así, perder legitimidad si no muestra orden y claridad en el resto del Estado.
Finalmente, la pregunta no es si la presidenta “se atrevió”, sino si podrá sostener el camino sin doblarse por la reacción criminal, por la presión externa o por la resistencia interna. Si este fue su inicio real, entonces también será su primera gran prueba de gobernabilidad.
Crédito: Editorial basada en la columna Serpientes y Escaleras de Salvador García Soto, publicada en El Universal.
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