Un narcoempresario detenido en EU pero blindado en México, un coche bomba en Michoacán y fiestas de gala judicial. El Gran Gurú explica por qué la “transformación” se parece tanto al viejo régimen.
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Lo que solo el Gran Gurú sabe: narcoempresarios, coche bomba y fiestas sin austeridad
Mientras la 4T presume “transformación”, el Gran Gurú ve otra película: narcoempresarios, leyes Express, coches bomba y fiestas fifí cargadas al presupuesto.
Para empezar, el caso Mauricio Quintanilla apesta. El dueño de TUM fue detenido en Estados Unidos por una simple visa vencida.
Sin embargo, en México sigue prófugo y con contratos millonarios heredados del gobierno de AMLO. Nadie en la 4T parece muy apurado por cortarlos.
Además, su nombre se cruza con operadores que mezclan crimen organizado, campañas y gobierno. Allá podrían interrogarlo; aquí rezan para que hable poquito.
En el Congreso viene semana caliente: quieren prohibir vapeadores con cárcel, fortaleciendo el mercado negro y presumiendo que así “protegen” a la juventud.
Al mismo tiempo, impulsan un muro de aranceles contra productos de China y otros países asiáticos para, dicen, defender la industria nacional.
Pero el golpe caerá sobre pymes, maquilas e importadores de insumos. Más costos, más inflación y, claro, más recaudación para un gobierno urgido de efectivo.
Mientras tanto, la realidad explota. El coche bomba en Coahuayana, Michoacán, dejó muertos, heridos y un mensaje brutal sobre quién manda realmente en el territorio.
Sin embargo, desde Palacio venden el Plan Michoacán como solución mágica. En los hechos, la gente sigue enterrando vecinos y barriendo vidrios frente a su casa.
La presidenta Claudia Sheinbaum presume “semana redonda”: Ley General de Aguas, viaje a Washington y mitin masivo por los siete años de la 4T.
En plena plancha, el libro “Grandeza” de AMLO se vendió como evangelio morenista, con vendedores portando gafete oficial del Gobierno de México.
La pregunta salta sola: ¿hubo compras públicas para revender ahí? Bonita mezcla de devoción política, negocio privado y posible uso de recursos oficiales.
En San Lázaro, varios diputados piensan más en vacaciones que en dictámenes. Sesiones semipresenciales, curules vacías y mes y medio de receso por delante.
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En el Poder Judicial, la austeridad solo aplica abajo. Trabajadores cooperan para tóner; arriba preparan fiestón en Palacio La Rochelle, sin cámaras indiscretas.
Además, exjueces cesados amenazan con plantón para exigir indemnizaciones completas. Para unos hay champaña; para otros, ventanilla cerrada y oficios que no resuelven nada.
En paralelo, el Senado guarda para febrero la reforma laboral de 40 horas, mientras la Corte acumula casos de prisión preventiva y maquiladoras.
Y en la Ciudad de México sigue la guerra política. La fiscalía refuerza la Policía de Investigación, mientras Clara Brugada presume delitos “a la baja”.
Pero, al mismo tiempo, el Congreso capitalino aprieta a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, exigiendo explicar donaciones y contratos del programa Adiós Baches.
Así se ve el país desde la butaca del Gran Gurú: contratos dudosos, seguridad de papel y justicia de gala para una élite muy tranquila.
Mientras tanto, la ciudadanía paga el libro, el mitin, el coche bomba y los experimentos legislativos. La “grandeza” se queda arriba; la cuenta siempre abajo.
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