El arresto del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y de tres funcionarios municipales reabre el debate: cuando el ayuntamiento controla calle, cobro y obra, la extorsión puede volverse sistema.
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La detención del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, no es solo un golpe mediático: es una radiografía de cómo se captura un ayuntamiento cuando la extorsión se vuelve “modelo de negocio”. Y, aunque la narrativa oficial habla de combate a la corrupción, la pregunta ciudadana es más simple: ¿cuántos municipios operan así sin ser tocados?
Según lo informado por Omar García Harfuch, el operativo se ejecutó el jueves 5 de febrero de 2026 dentro de la Operación Enjambre, con participación de fuerzas federales. Además, fueron detenidos tres funcionarios clave: Seguridad Pública, Catastro/Predial y Obras Públicas. En otras palabras: el “tridente” que controla calle, cobro y contrato.
Ahora bien, lo relevante no es solo el arresto, sino el patrón. Por un lado, se investiga un esquema de extorsión a empresas tequileras y cerveceras: cobros, amenazas de clausura, multas desproporcionadas y presiones administrativas. Por otro lado, aparecen señalamientos de vínculos con una célula del CJNG, lo que eleva el problema de “corrupción local” a delincuencia organizada.
Además, el caso escaló rápido: el viernes 6 de febrero de 2026 se reportó audiencia federal y se le imputaron delitos como delincuencia organizada y secuestro agravado. También se documentó que habría presuntas agresiones contra aspirantes internos y que se habría usado el aparato municipal para intimidar, cobrar y castigar.
Sin embargo, el impacto real no está en el expediente, sino en la vida diaria. Cuando se instala el cobro de piso institucional, sube el precio de operar, se encarecen productos, se cierran negocios y se rompe la competencia. Por eso, la extorsión municipal termina pagándose en la botella, en el empleo y en la seguridad del barrio.
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Y aquí está el filo político: Morena y la Presidencia han marcado distancia y sostienen que ningún partido debe ser “paraguas” para delinquir. Aun así, la prueba de fuego será si Enjambre se queda en golpes espectaculares o si avanza hacia redes completas: tesorerías, proveedores, policías locales y “gestores” que convierten el presupuesto en caja clandestina.
En síntesis, Tequila no es un caso aislado: es una advertencia. Si un ayuntamiento puede presuntamente operar como oficina de cobro, entonces el Estado no solo debe detener; debe blindar procesos, auditar finanzas y recuperar territorio institucional. Porque, de lo contrario, mañana habrá otro municipio —y otra excusa— con el mismo guion.
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