La red del “Comandante H” habría impuesto una “paz” criminal en Tabasco: cobros, permisos para delinquir y asesinatos desplazados a Chiapas. Documentos de Sedena detallan los engranes del negocio.
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Hernán Bermúdez Requena, el “Comandante H”, habría tejido una alianza con el CJNG para dominar la criminalidad en Tabasco.
Según documentos de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks, instruyó cobros, ataques y “licencias” para delinquir.
Además, desde 2019 fue secretario de Seguridad y usó su poder para pactar con remanentes de Los Zetas.
Así, impuso reglas y castigos para mantener “paz” bajo control criminal.
Con Adán Augusto López como gobernador, la orden pública fue “pacificar”.
Sin embargo, el método incluyó negociar con líderes locales y ordenar operaciones dirigidas por La Barredora.
Mientras tanto, el CJNG capitalizó la estructura.
En La Chontalpa, Benjamín Mollinedo “El Pantera” controló tráfico de migrantes, marihuana y cocaína hacia Veracruz y Tamaulipas.
Asimismo, operó extorsiones, homicidios y huachicol con ex militares como halcones.
Luego, fue detenido en septiembre de 2021 por la Guardia Nacional.
El “paraíso” del huachicol se concentró en Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.
Ahí, Euler Ruvalcaba “El Rayo” recaudaba ganancias y autorizaba ejecuciones.
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Además, “Lanchero” y Elder Rodríguez “La Hormiga” habrían sobornado a marinos en Dos Bocas para robar combustible.
En la Sierra, Juan José “JJ” fue ungido jefe de plaza en Macuspana y comunidades serranas.
No obstante, una instrucción clave fue mover los asesinatos a Chiapas para bajar cifras en Tabasco; la táctica se llamó “Sembrando Vidas”.
Hoy, Bermúdez está vinculado a proceso por asociación delictiva, secuestro exprés y extorsión.
Además, un juez ordenó prisión preventiva tras su captura y extradición desde Paraguay.
Por ello, el caso escala y presiona a su antiguo círculo político.
En síntesis, el “Comandante H” habría subordinado células locales con cobertura política y logística.
Así, Tabasco fue tablero del CJNG, del huachicol y del tráfico de migrantes, con víctimas invisibilizadas más allá de la frontera estatal.
Ahora bien, las autoridades deberán explicar omisiones y responsabilidades.
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