La tensión subió entre Maru Campos y Luisa María Alcalde. La gobernadora anunció una demanda por daño moral, mientras la dirigente de Morena insiste en acusaciones de corrupción y malos resultados en Chihuahua.
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Maru Campos y Luisa María Alcalde encendieron la semana con acusaciones cruzadas. La gobernadora anunció que demandará por daño moral a la dirigente de Morena.
Según Campos, ya basta de “tonterías”. Por ello, pidió a Alcalde “prepararse” para un proceso legal y respetar a los gobiernos de oposición en Chihuahua.
Sin embargo, Alcalde respondió que su responsabilidad es evidenciar resultados. Asimismo, aseguró que los gobiernos del PAN han fallado y que seguirá señalando irregularidades públicas.
El choque no es nuevo. A finales de agosto, Alcalde visitó Chihuahua y cuestionó desempeño, transparencia y “futureo” que coloca a Maru rumbo a 2030.
Entonces, acusó a Campos de ser de las peor evaluadas y de “solapar” la corrupción de César Duarte, exgobernador con expedientes judiciales que siguen vigentes.

Por su parte, la gobernadora rechazó los señalamientos. Asimismo, afirmó que hay un juego político para deslegitimar a la oposición y distraer de problemas nacionales.
Mientras tanto, la discusión se trasladó a X. Ahí, Alcalde reiteró que visibilizará lo que, a su juicio, representan los gobiernos panistas y sus resultados.
En consecuencia, la narrativa se polarizó. Sin embargo, el fondo del pleito toca dos frentes: la disputa por la opinión pública y la competencia por candidaturas.
Además, el intercambio reaviva el expediente Duarte. Porque, aunque hay procesos en curso, el tema se usa como arma para medir congruencia y coherencia política.
Con todo, la demanda por daño moral abriría otro capítulo. No obstante, un juicio así exige probar afectación al honor y la veracidad de dichos.
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Más allá del pleito, el mensaje político es evidente. Morena busca encajar a Maru Campos en la narrativa de corrupción; mientras, el PAN cierra filas.
Finalmente, la ciudadanía debería exigir datos verificables. Además, conviene separar propaganda de evaluación seria sobre seguridad, gasto social y obra pública en Chihuahua.
En suma, la confrontación seguirá en tribunales y redes. Entretanto, la agenda pública necesita soluciones medibles, transparencia y resultados, no solo frases contundentes.
Así, el conflicto resume el clima rumbo a 2027 y 2030: campañas adelantadas, narrativas encontradas y un electorado que demanda evidencia antes que etiquetas.
El caso seguirá bajo lupa.
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