La empresa Minsa, vinculada a Altagracia Gómez, presidenta del consejo empresarial de Sheinbaum, recibió de Diconsa un contrato por 346 millones de pesos, casi lo mismo que obtuvo en tres años con AMLO. El caso reabre la discusión sobre conflicto de interés, programas sociales y negocios privados dentro de la 4T.
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Los contratos millonarios de la 4T con Minsa, empresa ligada a Altagracia Gómez, reactivan las alarmas por posible conflicto de interés en el gobierno.
La nota original de Agencia Reforma detalla que Minsa Industrial, de la familia de Altagracia Gómez, sumó 369 millones de pesos con Segalmex–Diconsa entre 2022 y 2024.
Ahora, con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, un solo contrato de 346 millones casi iguala todo lo recibido en esos tres años.
El acuerdo con Alimentación para el Bienestar–Diconsa fue una adjudicación directa para transformar hasta 60 mil toneladas de maíz en harina nixtamalizada de marca propia, empaquetarla y distribuirla.
Además, el contrato se amarró al programa “Maíz para Todos”, que promete llevar harina más barata a tortilleros de 3,500 localidades con población mayoritariamente indígena.
Sobre el papel, el gobierno argumenta que Minsa ofreció mejores precios que competidoras como Molinos Azteca y Hari Masa, con rangos entre 5,200 y 8,200 pesos por tonelada, contra 13,500 de la competencia.
Pero el problema no es solo el precio. Es que la presidenta del consejo asesor empresarial, Altagracia Gómez, también encabeza la empresa beneficiada por el programa estrella del maíz.
Ahí es donde la narrativa de “no somos iguales” empieza a hacer agua. Porque la línea entre asesora presidencial y proveedora del gobierno se vuelve peligrosamente delgada.
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En la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum salió a defenderla. Aseguró que “no hay conflicto de interés” y que Altagracia solo “ayuda al país” sin cobrar un peso al gobierno.
Mientras tanto, Minsa informó a la Bolsa que el contrato fue cancelado desde julio, sin procesar “una sola tonelada” ni recibir un peso, tras el ruido mediático.
Sin embargo, la cancelación no borra las preguntas clave: ¿por qué otra adjudicación directa? ¿Por qué siempre los mismos apellidos alrededor del maíz y del presupuesto?
Al final, el caso Minsa–Diconsa exhibe la contradicción central de la 4T: se habla de bienestar y campo, pero se protege a una élite empresarial “de confianza”.
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