El ingreso de “El Limones” al Altiplano no solo presume un golpe federal: exhibe cómo la extorsión y el huachicol se sostienen con dinero, territorio y, a veces, cercanías políticas.
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El Altiplano no es cualquier dirección postal: es la señal de que el Estado quiere mandar un mensaje. Ahí fue ingresado Edgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, junto con otros cinco detenidos tras cateos en Coahuila y Durango, por una red ligada a extorsión, lavado de dinero y huachicol.
Hasta aquí, suena a “golpe quirúrgico” del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, lo realmente incómodo no es el operativo, sino lo que destapa: cuando un presunto operador financiero cae, lo que se cae con él no es una pistola, sino una contabilidad. Y esa contabilidad suele tener más nombres de los que caben en un boletín.
Según la información del caso, el esquema era brutalmente simple: cuotas a ganaderos, comerciantes, transportistas y productores. Es decir, el crimen no solo asalta; administra. Además, cuando la extorsión se vuelve “normal”, el ciudadano común paga dos veces: primero en la calle y después en el súper, porque los costos se trasladan.
El otro negocio, igual de corrosivo, es el robo de hidrocarburos. No es una travesura: es una economía paralela que compite con la legal, financia violencia y degrada instituciones. Por eso, cuando se habla de huachicol, también se habla de carreteras más peligrosas, empresas presionadas y comunidades atrapadas.
Lo que eleva el caso a nivel político es la “doble identidad” que se atribuye: dirigente sindical con presencia pública y, al mismo tiempo, presunto engrane criminal. Dicho sin rodeos: una fachada de “gestión social” puede abrir puertas, dar legitimidad y hasta conseguir protección informal. Y ahí es donde el gobierno suele guardar silencio.
Porque, si alguien presume cercanía con actores y se exhibe en eventos, la pregunta ciudadana es obvia: ¿quién lo dejó crecer? Además, ¿quién miró hacia otro lado cuando el cobro de piso se volvió rutina en zonas estratégicas? Si esto ocurrió, no fue por falta de señales, sino por exceso de tolerancia.
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Se dice que el CNI reconstruyó rutas de cobro, casas de seguridad y nodos logísticos. Eso sugiere algo más grande: no es una banda improvisada, sino una estructura con territorio, flujos y “reglas”. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en “pacificación”, aunque en muchos municipios la paz se cobra con recibo.
El ingreso al Cefereso 1 debería significar un giro: perseguir los circuitos económicos del crimen, no solo a sus gatilleros. Pero el reto real es otro: si no se tocan las redes de protección institucional, el operativo se vuelve un trofeo de un día y la extorsión regresa con otro nombre.
Al final, el ciudadano no pide milagros; pide coherencia. Y por eso este caso importa: porque revela cómo el crimen se disfraza de representación, cómo la política se contamina de cercanías y cómo el Estado llega tarde cuando la economía local ya fue secuestrada.
Crédito y base informativa: periódico Reforma.
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