FGR descarta falla en la obra por descarrilamiento del Tren Interoceánico; sigue proceso contra conductor y despachador

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

La FGR afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no se debió a defectos en la obra ferroviaria. La investigación se concentra en la operación del tren y mantiene proceso penal contra dos trabajadores.

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La Fiscalía General de la República sostuvo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca no fue causado por una falla en la obra ferroviaria. La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó este 8 de abril de 2026 que, tras los peritajes realizados en la Línea Z, se concluyó que la vía, los durmientes, las fijaciones, el balastro y las locomotoras cumplían con la norma aplicable. Al mismo tiempo, confirmó que el proceso penal sigue contra el conductor Felipe de Jesús Díaz y el jefe de despacho Ricardo Mendoza por su probable responsabilidad en homicidio y lesiones culposas.

El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 a la altura de Nizanda, Oaxaca, dentro del recorrido Salina Cruz-Coatzacoalcos. En un primer momento, los reportes públicos hablaron de 13 fallecidos y 98 heridos; sin embargo, días después el saldo subió a 14 muertos y cerca de 100 lesionados, cifra que hoy retoma la autoridad federal como la referencia oficial del caso.

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Según la FGR, la indagatoria no encontró elementos para sostener que el siniestro se originó por deficiencias en la infraestructura. Por eso, la línea de investigación quedó concentrada en la operación del tren. De hecho, reportes difundidos en enero ya apuntaban a que la locomotora circulaba 15 kilómetros por hora por encima del límite permitido, una hipótesis que reforzó la acusación contra los dos trabajadores detenidos.

Godoy explicó que el Ministerio Público integró cuatro carpetas de investigación y que, con esos elementos, obtuvo órdenes de aprehensión y la posterior vinculación a proceso de los imputados. La empresa operadora, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, bajo control de la Secretaría de Marina, otorgó el perdón únicamente por el delito de daños en bienes de la nación. Sin embargo, eso no cancela el proceso por las muertes y lesiones derivadas del descarrilamiento.

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La fiscal también informó que 145 víctimas114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes— han recibido reparación integral del daño. Además, parte de las personas afectadas optó por mecanismos de justicia alternativa para alcanzar acuerdos reparatorios. En paralelo, la FGR descartó ejercer acción penal contra la empresa ferroviaria por posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y servicio indebido, al considerar que la información revisada sobre auditorías, contratos de vía y material rodante no arrojó elementos suficientes para proceder.

El punto de fondo no es menor. Si la autoridad descarta una falla de obra, entonces la discusión pública cambia de eje. Ya no se concentra en la calidad de la infraestructura, sino en la seguridad operativa, la supervisión diaria, la capacitación del personal y el cumplimiento real de los protocolos. Para el ciudadano común, eso significa una pregunta muy concreta: si la vía estaba en regla, ¿qué falló entonces en la cadena de decisiones que debía evitar una tragedia con pasajeros a bordo?

El caso sigue siendo delicado por dos razones. Primero, porque dejó una marca humana severa en una de las obras más emblemáticas del sur del país. Y segundo, porque la conclusión oficial no cancela el debate público sobre la seguridad de un proyecto ferroviario que fue presentado como pieza estratégica para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. La FGR ya fijó su postura: no hubo problema en la obra. Ahora, el peso de la responsabilidad recae en la operación.

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