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Durante más de cuatro años, Hernán Bermúdez Requena dirigió la Secretaría de Seguridad de Tabasco, sin que altos funcionarios detectaran sus nexos con el crimen organizado.
A pesar de su cercanía con dos gobernadores —Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino Campos—, ninguno advirtió su papel como cabecilla de La Barredora, una violenta organización criminal.
Ambos exmandatarios negaron tener conocimiento sobre las actividades ilícitas de Bermúdez. Aseguraron que, de haber sospechado algo, lo habrían destituido de inmediato.
Además, el general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, tampoco alertó sobre la posible infiltración del crimen en la Secretaría.
Sin embargo, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks revelaron que, desde 2019, el Ejército ya tenía reportes que vinculaban a Bermúdez con estructuras delictivas.
Fue hasta febrero de 2025 cuando se giró una orden de aprehensión contra él por delitos graves como extorsión, secuestro y asociación delictuosa.
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La Fiscalía de Tabasco confirmó en noviembre de 2024 que había iniciado una carpeta de investigación por sus nexos con La Barredora.
Durante su gestión, Bermúdez mantuvo relación directa con diversos secretarios estatales. Entre ellos destacan Marcos Rosendo Medina y José Antonio de la Vega Asmitia, ambos cercanos a Morena.
Asimismo, otros titulares de la Secretaría de Seguridad, como Jorge Aguirre Carbajal y Ángel Balcázar Martínez, tampoco detectaron irregularidades, aunque compartieron responsabilidades con Bermúdez.
El exfiscal estatal Jaime Humberto Lastra también trabajó junto a él. En sus redes sociales aparece en eventos públicos con Bermúdez, sin mencionar sospechas.
Consultado por medios, Lastra prefirió no emitir declaraciones sobre su relación con el exfuncionario prófugo.
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Desde el Congreso, el priista Erubiel Alonso pidió investigar a todo el gabinete de Adán Augusto por posible omisión. Propuso incluso crear una comisión para indagar el caso.
El activista Gerardo Priego Tapia denunció en entrevista que el exgobernador construyó redes de poder y lealtades políticas con dinero público.
Afirmó que, a pesar del escándalo, es probable que López Hernández conserve influencia por el control que mantiene en varias instituciones.
Finalmente, cuestionó la falta de rendición de cuentas en Tabasco. Según él, la corrupción está tan normalizada que incluso se tolera si el funcionario “trabaja”.
La gravedad de las omisiones institucionales en este caso revela un patrón sistemático de encubrimiento y negligencia dentro del aparato político de Morena en Tabasco.
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