En 2019, con Adán Augusto López en Tabasco, el huachicol se disparó 167%. De 201 a 536 tomas, células ligadas a La Barredora y CJNG tensionaron a Pemex.
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Con la llegada de Adán Augusto López en 2019, el robo de combustibles explotó en Tabasco. Además, las tomas clandestinas reventaron la agenda de Pemex.
Entre 2018 y 2019, los piquetes crecieron un 167 %. Asimismo, los registros pasaron de 201 a 536. El salto encendió alarmas locales y federales.
El primer año de Adán consolidó a Tabasco como foco rojo. Ductos y comunidades quedaron bajo presión. Mientras tanto, el negocio ganó músculo.
El contexto importaba. El antecesor era Arturo Núñez. Sin embargo, con el nuevo gabinete, la curva de riesgo se empinó. Luego, la operación se diversificó.
Según datos oficiales, el incremento careció de precedentes. La respuesta institucional quedó corta ante la velocidad del fenómeno. En consecuencia, las pérdidas fiscales se multiplicaron.
En 2019 operaba un coctel criminal llamado “La Barredora”. Reportes la vinculaban con células del CJNG. Así, la gasolina ilegal halló financiamiento y protección.
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Hernán Bermúdez, “Comandante H”, aparecía como mando. También despuntaban Carlos Tomás Díaz, “Tomasín”; Euler Ruvalcaba, “Comandante Rayo”, y Roger Pérez, “Profe”, jefe de plaza regional.
“El Profe” controlaba Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa. Sin embargo, un comando armado lo plagió, sacudiendo equilibrios. Aun así, la red mantuvo flujo y contactos.
Por su parte, Felipe Mollinedo, “Águila”, mandaba Huimanguillo. En tanto, Eleazar Sierra, “Comandante Chelo”, dominaba Playas del Rosario. Además, extendían cobros, vigilancia y logística nocturna.
También operaban células independientes. Figuraban Uriel García, “Pescuezo”; Lucero Naranjo, “La Patrona”; Tania Libertad, “La Jefa”, y Gerardo Ovando, “Yayo” o “Tigre”.
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El mapa criminal empujó a comunidades a elegir entre silencio o riesgo. Sin embargo, productores y transportistas reclamaron protección. Por ello, urgieron inspecciones e inteligencia.
Para Pemex, el daño fue doble: pérdidas y reputación. Además, crecieron costos de mantenimiento, seguridad privada y paros. Así, cada piquete afectó precios y servicios.
Además, el repunte 201-536 dejó huella social. Familias soportaron fugas, incendios y extorsiones. Mientras tanto, autoridades locales discutieron competencias, pero la coordinación efectiva llegó tarde.
Hoy, el saldo exige claridad. En consecuencia, Tabasco necesita auditorías, trazabilidad y sanciones. Finalmente, ciudadanos demandan resultados y una estrategia que cierre la llave.
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