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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones económicas por un total de 6.3 millones de pesos. La causa fue la aparición de 177 personas electas en “acordeones” físicos y digitales utilizados durante la elección judicial.
Estas sanciones afectan a candidaturas ganadoras de cargos federales y locales. Entre ellas, se encuentran quienes integrarán la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Con seis votos a favor y cinco en contra, se decidió también amonestar públicamente a las personas que figuraron en dichos materiales, pero no resultaron electas. No obstante, no se les impuso sanción económica.
El cálculo de las multas para quienes ganaron se basó en el 10 % del tope de gastos de campaña de cada elección. Además, se consideró la capacidad económica de los sancionados, lo que generó variaciones significativas entre montos, incluso para cargos similares.
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Para casos de sanciones acumuladas que superen la capacidad económica individual, los pagos podrán realizarse por separado. La Unidad Técnica de Fiscalización establecerá los plazos. Si no se cumplen, los adeudos se turnarán al SAT.
Loretta Ortiz encabeza las multas más elevadas
Entre quienes integrarán la Suprema Corte, todos recibirán doble sanción por aparecer en ambos formatos de propaganda. La multa más elevada fue para Loretta Ortiz, con 255 mil pesos.
Le siguen Yasmín Esquivel, multada con 190 mil pesos; Irene Herrerías, con 138 mil, y María Estela Ríos, con 125 mil. Otros magistrados como Giovanni Figueroa y Lenia Batres también fueron sancionados con cifras cercanas a los 90 mil pesos.
El próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tendrá una multa de 79 mil pesos, igual que Irving Espinosa Betanzo.
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Discrepancias en el Consejo General
La consejera presidenta Guadalupe Taddei se opuso al monto de las multas. Consideró que no existe una base jurídica para sancionar bajo los criterios aplicados y anticipó que las resoluciones podrían ser revocadas por el Tribunal Electoral.
El consejero Jaime Rivera advirtió que la distribución de acordeones habría sido posible solo con el respaldo de actores políticos o criminales. Afirmó que dicha intromisión representa una amenaza para la voluntad ciudadana.
A su vez, el consejero Uuc-kib Espadas aclaró que los acordeones no fueron determinantes en el resultado electoral, aunque reconoció que sí hubo beneficiarios directos.
La consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz señalaron que la investigación fue limitada por el corto plazo disponible. Afirmaron que aún hay líneas de indagación pendientes, cuya omisión podría comprometer la credibilidad del sistema electoral.
Por su parte, Norma de la Cruz votó en contra. Aseguró que sancionar solo a candidaturas ganadoras genera una aplicación parcial de la norma y podría resultar ilegal.
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