Un reportaje señala un presunto desvío de 10 millones desde el INVI en Baja California Sur para financiar operación política nacional. La Fiscalía rastrea transferencias y el caso ya reventó en la conversación pública.
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En Baja California Sur se está abriendo un frente incómodo: una investigación periodística coloca bajo sospecha el uso de recursos públicos para empujar una precampaña nacional. Y aunque el expediente aún se litiga, el golpe político ya está dado: la confianza ciudadana vuelve a pagarse con intereses.
Según el reportaje de N+ Focus, el presunto desvío habría rondado los 10 millones de pesos, y habría salido del Instituto de la Vivienda (INVI) de Baja California Sur. El señalamiento no es menor porque, además, se trata de dinero que debería traducirse en vivienda, subsidios y soluciones para familias que viven al día.
El esquema descrito combina lo clásico con lo eficaz: cuentas puente, transferencias fragmentadas y beneficiarios sin relación laboral con el instituto. Así, en apariencia, el dinero “se mueve” como trámite administrativo; sin embargo, el objetivo final sería extraerlo del radar y convertirlo en efectivo operativo.
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Además, el testimonio de un exfuncionario apunta a entregas físicas de dinero en un autolavado identificado como “Los Abuelos”, en La Paz. Ese detalle, por sí solo, revela un patrón: cuando el control interno falla, la informalidad se vuelve el método para blindar a los responsables y diluir rastros.
En el plano político, el caso se vuelve más sensible por el presunto destino: la precampaña de Adán Augusto López Hernández. Y, aunque un señalamiento no es sentencia, el impacto es inmediato: daño reputacional, desgaste institucional y una narrativa de captura del presupuesto por facciones.
La lupa también cae sobre el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, porque el reportaje vincula el arranque de solicitudes de efectivo con momentos de respaldo político interno. En paralelo, se menciona a operadores y exfuncionarios, incluido Homero Davis Castro, dentro de una supuesta red de coordinación.
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Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, encabezada por Lenin Ortiz Amao, sostiene que la investigación rastrea miles de movimientos bancarios; sin embargo, también ha trascendido que, hasta ahora, no se ha presentado públicamente una prueba concluyente que amarre el dinero a una precampaña específica. Mientras tanto, el proceso sigue: hay una audiencia programada para el 5 de marzo de 2026 contra presuntos “cabecillas” del INVI.
¿El impacto para el ciudadano común? Doble. Primero, porque cada peso desviado es un trámite de vivienda que no llega. Y segundo, porque cuando el dinero público se usa como caja chica electoral, se normaliza la idea de que el poder se financia con lo que debería aliviar necesidades básicas.
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