Morena se divide: prohíben a aspirantes a gubernaturas presidir el Senado

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A partir del próximo 1 de septiembre, el Senado de la República tendrá nueva presidenta, en cumplimiento con los principios de paridad de género legislativa. No obstante, esta transición ha evidenciado divisiones dentro de Morena. El grupo parlamentario ha establecido restricciones internas para evitar que aspirantes a gubernaturas utilicen la Presidencia de la Mesa Directiva como plataforma electoral.

Senadoras como Andrea Chávez y Ana Lilia Rivera, consideradas inicialmente para encabezar el Senado, han declinado formalmente esta posibilidad. Ambas han manifestado su interés por contender por alguna gubernatura en 2027, y la nueva norma de su bancada les impediría simultáneamente dirigir la Cámara Alta.

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Según reveló la periodista Leticia Robles de la Rosa, Morena acordó vetar a los senadores interesados en cargos estatales de la posibilidad de presidir el Senado. Este candado responde a críticas previas sobre el uso político de dicha posición, como se alegó en los casos de Eduardo Ramírez (Chiapas) y Alejandro Armenta (Puebla), quienes presidieron la Cámara antes de postularse a sus respectivos gobiernos estatales.

Esta medida interna no solo afectará el proceso de renovación en 2027. También se aplicará para quienes busquen contender hasta el año 2030. De esta manera, se busca garantizar que la presidencia senatorial no se utilice para promocionar candidaturas personales, preservando así su institucionalidad.

Al menos 17 senadoras y senadores de Morena se verán limitados por este acuerdo. Destacan nombres como Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Julieta Ramírez, Beatriz Mojica y Saúl Monreal, quienes ya suenan como posibles candidatos para los comicios estatales en diversas entidades.

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Adicionalmente, otros legisladores morenistas que aspiran a competir en 2028 o 2029 también quedarán sujetos a esta regla. Entre ellos figuran Margarita Valdez (Durango), Simey Olvera (Hidalgo), Susana Harp (Oaxaca) y José Ramón Gómez (Tamaulipas).

Este candado interno refleja un intento por controlar la disputa de poder dentro del partido guinda, particularmente en un contexto donde múltiples figuras buscan ampliar su influencia territorial. Morena intenta así contener el uso de cargos legislativos como trampolines electorales, aunque no sin generar tensiones internas. La medida refuerza la disciplina partidista, pero también exhibe la pugna de intereses entre legisladores con ambiciones estatales.

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