Los exministros Norma Piña y Javier Laynez recibirán una pensión vitalicia conforme a ley; en paralelo, Hugo Aguilar Ortiz anunció austeridad y revisión de percepciones en retiro.
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Norma Piña y Javier Laynez se retiraron de la SCJN con derecho a pensión vitalicia; el haber de retiro lo garantiza la Ley Orgánica.
Durante dos años, recibirán el 100% de su sueldo: cerca de 223 mil pesos mensuales antes de impuestos. Después, el esquema baja al 80% permanente.
Sin embargo, la reforma judicial fijó reglas nuevas: quienes no participaron en la elección de 2025 y tampoco renunciaron oportunamente, perderían el haber de retiro.
Por ello, Piña y Laynez presentaron su renuncia antes del cierre. Así, aseguraron su esquema de retiro bajo los términos vigentes y evitaron incertidumbre.
Con Hugo Aguilar Ortiz al frente, la Corte anunció austeridad. Además, nadie ganará más que la presidenta, según artículo 127, con ahorros de 300 millones.
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Asimismo, se revisarán pensiones de exministros que superan los 200 mil pesos mensuales. También, se eliminarán seguros privados y la atención médica migrará al ISSSTE.
Es clave recordar que los montos son brutos; el ingreso neto variará con retenciones fiscales y, en su caso, proporcionalidad por años de servicio.
El debate público sigue encendido. Para algunos, son privilegios; sin embargo, otros las defienden como derechos adquiridos que garantizan independencia judicial y retiro digno.
Con la austeridad anunciada, el mensaje es claro: controlar costos y ajustar prestaciones. No obstante, deberá cuidarse la independencia judicial para evitar presiones indebidas.
En términos fiscales, pagar el 100% dos años y luego 80% implica compromisos de largo plazo; la sostenibilidad será central en la discusión presupuestaria.
Para el público, lo esencial es claro: el cálculo base ronda 223 mil pesos mensuales antes de impuestos; después, el pago quedará anclado al 80%.
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Si la revisión avanza, podrían ajustarse montos para alinearlos al tope salarial presidencial. Aun así, cualquier cambio deberá respetar marco constitucional y transitorios aplicables.
Lo que sigue será clave: transparencia en números, calendarios claros y comunicación sencilla. Así, la ciudadanía comprenderá por qué y cómo se pagan estas prestaciones.
En resumen, habrá pensiones conforme a la ley y auditoría austera en curso. Mientras, el debate seguirá, aunque las reglas lucen definidas para esta transición.
Quedan pendientes ajustes, impactos y cifras.
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