Un juez federal vinculó a proceso a un vicealmirante y nueve funcionarios por presunto huachicol fiscal en Altamira y Tampico, tras una audiencia de 17 horas.
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Un juez federal vinculó a proceso a un vicealmirante y a nueve personas implicadas en huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico. La audiencia, que duró más de 17 horas, concluyó con cargos por delincuencia organizada vinculada a hidrocarburos. Durante la exposición de pruebas, se recordó que hubo dos asesinatos previos: el del contralmirante Fernando Rubén Guerrero y el de una funcionaria de la FGR, presuntamente cometidos para silenciar a los denunciantes. El juez advirtió que estos crímenes podrían tener un efecto inhibidor en otras personas que deseen aportar información.
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El impartidor de justicia ratificó la prisión preventiva oficiosa para todos los hombres, quienes fueron enviados al Penal del Altiplano. Dos de las tres mujeres procesadas también fueron recluidas, mientras que una recibió arraigo domiciliario debido a que se encuentra embarazada de doce semanas y deberá portar brazalete electrónico en su casa de Tampico.
Uno de los marinos solicitó su traslado a una prisión militar argumentando amenazas desde su ingreso al Altiplano. Sin embargo, el juez rechazó la petición, ya que consideró necesario analizar primero si una prisión castrense reúne las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso.
El juez fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo en que la Fiscalía y las defensas deberán reunir pruebas. Entre los vinculados destacan altos mandos navales y exfuncionarios aduaneros: exdirectores, subdirectores, enlaces y verificadores de mercancías, quienes habrían permitido el desembarque de 31 buques con hidrocarburos ilegales durante los últimos dos años. Aunque no se acreditó cada buque, el juez señaló que basta demostrar la existencia de un grupo criminal para sostener el proceso.
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El caso promete convertirse en un ejemplo de la nueva estrategia contra el robo de combustibles, mientras la opinión pública sigue atenta al desenlace judicial.
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