Entre videos, contratos y unidades móviles, crece el escrutinio sobre Adán Augusto, COCEI y FMedical. Las miradas apuntan a Marina del Pilar, Mara Lezama y Rutilio Escandón.
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Aunque Lilly Téllez encendió la discusión con videos, el tema ya venía creciendo. Adán Augusto López niega todo, pero las piezas del rompecabezas siguen apareciendo.
Además, las acusaciones describen un entramado de contratos públicos, huachicol fiscal y presuntos prestanombres. Por eso, vale ordenar los casos y separar hechos, dichos y dudas.
Primero, Marina del Pilar Ávila. Se le vincula con el Grupo COCEI y con obras como el Hospital La Morita en Tijuana. Aun así, ella rechaza irregularidades.
Asimismo, su caso quedó marcado por la revocación de visa en Estados Unidos. Sin embargo, el motivo oficial no se ha hecho público. Mientras tanto, la polémica creció.
Luego, Mara Lezama. En Quintana Roo, la lupa está sobre FMedical, empresa ligada a COCEI. Se mencionan unidades médicas móviles y contratos millonarios durante y después de la pandemia.
Además, se citan contratos por 417.6 millones y 104.4 millones de pesos para servicios de salud. No obstante, el gobierno defiende que acercó atención a comunidades alejadas.
Después, Rutilio Escandón. Al exgobernador se le asocia con constructoras como Aspen Construcciones, presuntamente ligadas a COCEI. Pero, de nuevo, todo se mantiene en el terreno de señalamientos.
En paralelo, Adán Augusto habría sido el pivote político del esquema, primero en Tabasco y luego en Segob. Sin embargo, él sostiene que son “mentiras”.
Con todo, el patrón que se repite es simple: empresas favoritas, adjudicaciones polémicas y servicios móviles difíciles de auditar. Por ello, las dudas persisten.
Además, hay grabaciones donde un empresario presume cercanía con gobiernos morenistas y flujo de efectivo. No obstante, su autenticidad y contexto deben verificarse con rigor.
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En resumen, las denuncias ponen bajo la lupa a COCEI, FMedical, el Hospital La Morita y las unidades móviles. Pero aún falta claridad documental y resoluciones oficiales.
Por eso, más que veredictos, hoy hay exigencias de auditorías, transparencia y respuestas públicas. Mientras tanto, la conversación seguirá creciendo.
Finalmente, el lector necesita certezas. Así que conviene pedir contratos, entregables, bitácoras y auditorías independientes. Solo así sabremos qué fue realidad y qué fue narrativa.
Entretanto, las gobernadoras y Adán Augusto defienden su versión. Pero, si hubo irregularidades, deberán probarse en instancias competentes. Y, si no, también transparentarse.
Porque, al final, la rendición de cuentas es la única salida. Y esa discusión apenas comienza.
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