Morena empuja una reforma que recorta plurinominales y financiamiento público. El discurso es “austeridad”, pero el efecto podría ser un Congreso con menos contrapesos y una boleta 2027 convertida en plebiscito.
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Hay reformas que se venden como austeridad, pero se diseñan como candado. En la mesa está una reforma electoral que, bajo el discurso de “bajar costos”, recorta representación y aprieta a los rivales. Y cuando tocas las reglas del juego, no estás ahorrando: estás moviendo la cancha.
Para empezar, el plan propone quitar 100 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional. Suena técnico, pero el golpe es político: hoy, buena parte de esos asientos no son de Morena. Si desaparecen, el partido que ya domina por mayoría crece sin necesidad de convencer a más gente.
Ahora bien, la representación proporcional no nació por capricho. Surgió para evitar que una mayoría simple se convirtiera en un dominio absoluto. Por eso existen límites a la sobrerrepresentación y un Congreso “mixto”. Si reduces esa válvula, la pluralidad no se “ordena”: se encoge.
Además, viene el otro “ahorro”: recortar alrededor de un 30 % el financiamiento público. Sí, a cualquiera le indigna ver partidos caros; sin embargo, cuando el dinero público baja sin controles fuertes, el dinero privado sube. Y con él suben los favores, los patrocinadores y, en el peor escenario, el dinero ilícito.
Mientras tanto, se asoma una jugada más fina: adelantar la revocación de mandato para 2027 y empatarla con la elección intermedia. En términos simples, sería poner a la presidenta otra vez en la boleta el mismo día que eliges Congreso y 17 gubernaturas. Así, la contienda se vuelve plebiscito permanente.
El impacto en el ciudadano común no es abstracto. Con menos contrapesos, se aprueban presupuestos y leyes a velocidad de trámite, y después llegan las consecuencias: servicios que no mejoran, programas sin evaluación y decisiones que se toman “desde arriba”. Y cuando reclamas, te responden con mayoría.
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Por eso importa la aritmética. Para una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes; con 500 diputados, son 334 votos. El PT ya lo dijo sin rodeos: sin PT y sin PVEM, la 4T no alcanza. Paradoja: la reforma también les recorta oxígeno.
Entonces, ¿qué viene? Negociación dura, premios de corto plazo y un discurso de “modernización” para empacar un cambio estructural. Sin embargo, el criterio sano es otro: cualquier reforma debe ampliar derechos, no reducir opciones; mejorar fiscalización, no abrir puertas al efectivo.
También hay una alerta técnica que conviene traducir a lenguaje llano: los estándares internacionales piden cuidar la representación proporcional, los topes a la sobrerrepresentación y la preeminencia del financiamiento público. En otras palabras, que la competencia no la gane el que tiene más poder, sino el que convence.
Al final, la pregunta que deberíamos hacernos es incómoda pero necesaria: ¿queremos un sistema que premie la diversidad y obligue a pactar, o uno que facilite la perpetuidad? Porque si la regla favorece a uno, no es reforma: es ventaja.
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