El tiempo se agota. El gobierno de la 4T pisa el acelerador para cambiar las reglas del juego electoral antes de febrero, pero el “fuego amigo” y las alertas técnicas del INE complican la jugada maestra.
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El reloj legislativo avanza implacable y la Reforma Electoral de la 4T ha entrado en la zona de definición crítica. El objetivo es claro pero ambicioso: tener nuevas reglas operativas antes del 1 de febrero. Si no se logra, la iniciativa quedará congelada hasta después de las elecciones intermedias de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado la instrucción a sus operadores en el Congreso, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, de acelerar a fondo. Sin embargo, no es una pista libre; es un campo minado. Mientras Morena empuja la narrativa de la austeridad y la elección popular de consejeros —punto que ni la misma presidenta del INE, Guadalupe Taddei, apoya—, se han topado con un obstáculo interno inesperado: el “fuego amigo”.
El tema de los plurinominales es la manzana de la discordia. Eliminar estos escaños sonaba bien en el discurso para borrar “cuotas políticas”, pero en la práctica, significaría la extinción de aliados vitales como el Partido Verde y el PT. Pablo Gómez ya busca una salida intermedia para no aniquilar a sus propios socios.
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Por otro lado, la oposición, con el PAN a la cabeza a través de Kenia López Rabadán, exige blindajes contra la injerencia del crimen organizado y la defensa de la autonomía del árbitro. No piden menos dinero, piden que el financiamiento público sea la barrera contra el dinero del narco.
Finalmente, las voces técnicas del INE y la sociedad civil advierten el peligro de legislar “al vapor”. Desaparecer los OPLES o centralizar todo para el 2027 podría colapsar la logística de la elección más grande de la historia. La moneda está en el aire: ¿Se impondrá la aplanadora mayoritaria o habrá espacio para la sensatez técnica?
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