El gobierno encabezado por Sheinbaum busca cerrar la llave a pensiones “exorbitantes” con una reforma al artículo 127: el tope sería un 50 % del ingreso presidencial. El ahorro suena grande; el pleito legal, inevitable.
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La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente político: recortar las pensiones “de privilegio” de ex altos mandos federales. La apuesta es constitucional: reformar el artículo 127 para fijar un tope y, con ello, frenar jubilaciones que hoy rebasan por mucho el ingreso presidencial.
En términos simples, el gobierno quiere que ninguna pensión de exfuncionarios de confianza supere el 50 % de la remuneración de la titular del Ejecutivo. Es decir: si el país exige austeridad a todos, también se pretende imponer un “techo” a quienes se retiraron con cheques que parecen de otra realidad.
El argumento oficial tiene dos capas. Primero, equidad: resulta políticamente explosivo que existan pensiones de hasta un millón de pesos al mes mientras millones viven al día. Segundo, eficiencia fiscal: el gobierno calcula ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales, con la promesa de dirigirlos a Programas de Bienestar.
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Raquel Buenrostro, desde Anticorrupción y Buen Gobierno, acotó el objetivo: no se tocaría a sindicalizados ni a personal de base; el recorte iría contra esquemas de retiro de altos mandos en empresas públicas y entes del Estado. Ese matiz es clave, porque busca blindar la reforma frente a la crítica de “castigo” generalizado a trabajadores.
Los números exhibidos alimentan la narrativa. En CFE se reportaron miles de jubilaciones por encima del salario presidencial; en Pemex, cientos; y en el ecosistema de la extinta Luz y Fuerza del Centro se describió un universo particularmente costoso. Mientras tanto, el gobierno insiste en que el “recorte” no es contra derechos colectivos, sino contra excesos financiados con recursos públicos.
Ahora bien, el impacto ciudadano no es solo contable. Si el tope se aprueba, puede enviar una señal de “piso parejo” y aliviar presión presupuestal; sin embargo, también abre litigios, amparos y una batalla de interpretación sobre qué se considera derecho adquirido versus privilegio. Y ahí suele atorarse la política pública: en tribunales, no en el discurso.
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El detalle más polémico es lo que no entra. Sheinbaum aclaró que no se modificarán pensiones de actuales o anteriores Ministros de la Suprema Corte por cómo quedó la reforma judicial previa. En cambio, anticipó que, en la reforma electoral, buscará que consejeros del INE no ganen más que ella, reactivando un debate que mezcla austeridad, autonomía y contrapesos.
En síntesis, el gobierno intenta convertir una indignación social real en una reforma de alto impacto simbólico. La pregunta es si el diseño legal aguantará el choque con los intereses afectados… y si el ahorro prometido llegará sin convertirse en una nueva novela de amparos.
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