Comercializadoras de combustible, bajo escrutinio por red de huachicol en México

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Las autoridades federales han comenzado a investigar a fondo a comercializadoras y distribuidoras de hidrocarburos, por su presunta implicación en la cadena del mercado ilícito de combustible. Aunque por años se enfocaron en tomas clandestinas y redes criminales, los recientes decomisos apuntan hacia actores legales que operan dentro del marco regulatorio, pero presuntamente facilitan el traslado de huachicol al consumidor final.

Desde la reforma energética de 2013, miles de empresas buscaron entrar al negocio de comercialización de hidrocarburos. Entre 2015 y 2024, la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) recibió 983 solicitudes de permiso para vender hidrocarburos. Sin embargo, sólo el 60 % logró la autorización definitiva. De las restantes, muchas siguen en trámite o fueron rechazadas.

Este fenómeno ha generado preocupación entre expertos del sector, quienes insisten en que se debe reforzar la supervisión sobre las rutas de entrada del combustible robado. Además de importadores, también deben ser auditadas las comercializadoras, los transportistas y los distribuidores que operan en territorio nacional.

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El decomiso más grande registrado en México, ocurrido el 7 de julio pasado, reveló el traslado de 15 millones de litros de huachicol en carrotanques de la empresa Ingemar, S.A. de C.V. Tras esta incautación, la atención se desplazó a las compañías intermediarias, especialmente aquellas que compran, venden y transportan combustibles derivados del petróleo.

De acuerdo con Ramsés Pech, analista energético, corresponde ahora a la Comisión Nacional de Energía revisar la validez y uso de los permisos otorgados tanto a distribuidores como a comercializadores. En su opinión, la permisividad institucional ha facilitado que se oculte el tráfico de combustible bajo estructuras formales.

Ingemar asegura no tener contacto directo con el producto. Según su socio Ernesto Ruffo Appel, su empresa se limita a cumplir con trámites aduanales. La distribución argumenta, está a cargo de Crismón Hidrocarburos, firma designada directamente por la CRE.

Crismón fue constituida en 2018 en Matamoros, Tamaulipas. En 2020, recibió su permiso para comercializar petrolíferos durante una sesión virtual de la CRE celebrada en plena pandemia. Según su objeto social, puede importar, almacenar y distribuir hidrocarburos, así como operar estaciones de servicio de gas natural vehicular.

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La CRE exige que los permisionarios acrediten la procedencia legal de los productos, pero especialistas advierten que esta obligación se ha cumplido de forma parcial o negligente. Para Luis Miguel Labardini, consultor energético, el Estado ha fallado en su deber de vigilancia, tanto en las aduanas como en la supervisión de permisos.

Labardini insiste en que el combate al huachicol requiere revisar la actuación de los órganos reguladores, especialmente en lo relacionado con asignaciones discrecionales y falta de inspección física. Señala que la corrupción institucional, tanto en aduanas como en la regulación energética, alimenta esta red ilegal.

Si no se actúa con firmeza, la complicidad de empresas aparentemente legales continuará favoreciendo un delito que afecta finanzas públicas, seguridad energética y la competencia leal en el sector.

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