La reforma electoral de Morena sufrió un freno en el Senado tras desacuerdos con el PT y fallas de redacción que contradicen el discurso de austeridad. El episodio exhibe prisas, improvisación y fisuras dentro del bloque oficialista.
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La reforma electoral impulsada por Morena entró en zona de riesgo justo cuando el oficialismo daba por hecho su avance en el Senado. Lo que se presentó como un ajuste de austeridad y modernización terminó frenado por desacuerdos con el PT, dudas operativas del INE y fallas de técnica legislativa que exhibieron una redacción apresurada.
El choque político más visible apareció en la discusión sobre la revocación de mandato. El PT mantuvo su resistencia a que ese ejercicio quedara amarrado al calendario electoral de 2027, bajo el argumento de que una concurrencia de esa magnitud generaría inequidad en la contienda y distorsionaría el proceso intermedio. Ahí quedó claro que la mayoría oficialista no es un bloque automático, sino una coalición que acompaña mientras sus intereses no se sientan amenazados.
Pero el fondo del problema fue todavía más incómodo para Morena. Las comisiones unidas del Senado suspendieron la reunión prevista para dictaminar la iniciativa porque el proyecto seguía en revisión por aspectos de técnica legislativa. Traducido al lenguaje político real: el plan no estaba listo. El discurso de que no habría fast track chocó con la evidencia de una reforma empujada con prisa y corregida sobre la marcha.
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El error más delicado apareció en el artículo relacionado con los ayuntamientos. Ignacio Mier admitió que la redacción vigente podía provocar un efecto no previsto: que municipios con cabildos reducidos se vieran obligados a aumentar el número de regidores y síndicos. Es decir, una reforma vendida bajo la bandera de la austeridad corría el riesgo de encarecer la estructura municipal en varios estados.
Ese tropiezo no es menor. Muestra que Morena quiso convertir una reforma constitucional en un producto político de rápida entrega, aun cuando el diseño normativo seguía abierto. Cuando un cambio de este tamaño se arma con premura, el margen de error deja de ser técnico y se vuelve político, presupuestal e institucional. La narrativa de eficiencia se desmorona cuando el propio oficialismo debe meter reversa para corregir lo que no revisó a tiempo.
A esa fragilidad se sumó el frente abierto con el INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, planteó que convenía postergar hasta 2028 tanto la elección judicial como la revocación de mandato para dar mayor claridad al voto ciudadano y evitar una jornada excesivamente compleja. La sola circulación de esa propuesta evidenció el tamaño del problema logístico que Morena intentó minimizar desde el arranque.
El diseño original de la reforma buscaba una megaelección en 2027: Congreso federal, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, elección judicial y revocación presidencial. En el papel podía venderse como ahorro. En la práctica, el paquete elevó las alertas por saturación operativa, por el posible uso político de la revocación y por la intención de permitir que la propia presidenta promoviera el voto a su favor en ese ejercicio.
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Ahí está la contradicción central de Morena. Quiso presentar la reforma como una corrección democrática del sistema, pero acabó reforzando la sospecha de que el verdadero objetivo era rediseñar las reglas para llegar con ventaja a 2027. Por eso el debate ya no gira solamente en torno a cuánto cuesta organizar elecciones, sino a quién le conviene alterar el calendario, concentrar procesos y tensionar al árbitro electoral.
El revés legislativo, por tanto, no debe leerse como un simple diferendo entre aliados. Es una señal de algo más profundo: Morena sigue teniendo fuerza para empujar reformas, pero no necesariamente la consistencia para blindarlas. Cuando el bloque oficialista necesita corregir transitorios, convencer a sus socios en tiempo real y responder a objeciones logísticas de última hora, lo que aparece no es solidez de gobierno, sino improvisación de poder.
Si la reforma sobrevive, lo hará después de haber mostrado sus costuras. Y si vuelve a atorarse, el costo político caerá sobre Morena, no sobre sus aliados. Porque fue el oficialismo el que quiso acelerar una reforma constitucional delicada como si bastara con la disciplina parlamentaria. Esta vez no alcanzó el discurso. Y en política, cuando la aritmética falla y la técnica también, lo que queda al descubierto es la prisa por controlar más, no por legislar mejor.
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