La desaparición del IFT dejó un frente laboral que puede volverse costo político para Claudia Sheinbaum: 117 extrabajadores denuncian que se les negó la indemnización y que existen audios con promesas de pago.
Editorial | Opinión
Análisis
Política Gurú
La desaparición del IFT no solo cambió la regulación de telecomunicaciones; también dejó un frente laboral que puede volverse costo político para Claudia Sheinbaum. Aunque suene “técnico”, el mensaje es simple: si el gobierno no cumple, la confianza se rompe.
La nueva ley incluyó un transitorio: indemnizar a quienes tuvieran estabilidad laboral, con dinero de un fideicomiso del IFT que rondaba 1,700 millones de pesos. Sin embargo, el pleno aplicó una lectura restrictiva y limitó el pago a quienes ingresaron por vía de concurso.
Así, 117 trabajadores quedaron fuera por ser de libre designación, pese a que, en la práctica, recibían incentivos, vacaciones y bonos igual que el resto. Por eso, la diferencia luce más administrativa que real. Además, deja una duda: ¿qué tan “estable” es un derecho si se redefine al final?
Luego entró la política. El senador morenista Javier Corral presentó una reserva que acentuó la separación al invocar reglas de la Administración Pública Federal. Pero el detalle importa: el IFT era un órgano autónomo y su régimen interno no calza perfecto con ese molde.
Cuando el conflicto se atoró, los afectados buscaron a José Antonio “Pepe” Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Él prometió no vulnerar derechos y canalizó el seguimiento con Norma Solano, hoy cabeza de la CRT.
En la cronología, el caso se volvió combustible. El 3 de noviembre se bloqueó Insurgentes mientras Solano estaba en Palacio Nacional. Entonces se dijo que Hacienda y Anticorrupción ya habían autorizado el pago “en 15 días”. Después, el plazo brincó a seis semanas por trámites.
Pasado ese tiempo, la versión cambió otra vez: se alegó que no habría pago porque, supuestamente, se pedía “doble indemnización” y “ya se había renunciado”. Los extrabajadores lo niegan y señalan un aviso de cambio institucional que también firmó gente que sí cobró.
El impacto va más allá de los montos (hablan de decenas de millones de pesos). Primero, porque normaliza la idea de que un derecho depende de interpretaciones cambiantes. Segundo, porque empuja el conflicto a litigios largos y a protestas que terminan pagando —en tiempo y dinero— los contribuyentes.
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Además, la CRT arranca con desgaste justo cuando debe regular internet, telefonía y espectro. Si el nuevo regulador empieza con un pendiente básico, la señal hacia ciudadanos y empresas es de incertidumbre, no de certidumbre.
Para rematar, los afectados aseguran tener audios de reuniones con promesas y fechas. Si se filtran, el tema deja de ser administrativo y se vuelve una narrativa de promesas rotas frente a Palacio. Y ahí la política cobra caro.
Esta editorial está basada en la columna de Claudio Ochoa Huerta, publicada en el periódico El Universal.
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