En Lomas de Cocoyoc, Rafael Ojeda adquirió en 2020 la “Casa del Ancla”. La operación, legal y financiada con ISSFAM y Banjercito, prende focos en pleno caso huachicol fiscal.
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Una casa de 7.2 millones de pesos en Lomas de Cocoyoc pone a Rafael Ojeda bajo la lupa pública. La compra fue en diciembre de 2020.
El inmueble, apodado “La Casa del Ancla”, está en un lote de 902 m², con alberca, paneles solares y vista al campo de golf del fraccionamiento.
Además, la operación se financió con créditos de vivienda de ISSFAM y Banjercito, a plazo largo. El trámite es una prestación regular para personal militar.
Sin embargo, el precio encendió debate. Un lote colindante, de dimensiones similares, ronda 8.28 millones; en la zona hay residencias sobre 20 millones.
Aun así, el valor de mercado puede variar por ubicación, estado y negociación. Por ello, especialistas piden cautela antes de inferir trato preferencial.
En paralelo, avanza el caso de huachicol fiscal: el Gobierno detuvo a 14 implicados por contrabando de combustibles y uso de documentación falsa.
Entre los señalados destacan los Farías Laguna, sobrinos políticos de Ojeda. La red habría operado en Altamira y Tampico con millonarias pérdidas fiscales.
Mientras tanto, el vicealmirante Manuel Roberto Farías fue detenido; su hermano, el contralmirante Fernando, mantiene suspensión que frena su arresto inmediato.
Por otro lado, el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que Ojeda pidió investigar irregularidades en Semar “hace casi dos años”, colaborando con la FGR.
Así, el caso combina percepciones encontradas: ¿diligencia institucional o conflicto de interés? La discusión sigue abierta y exige datos verificables.
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Además, el expediente salpicó de riesgo a denunciantes. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado en noviembre de 2024 tras señalar la red.
Con todo, las pesquisas describen 69 envíos y ganancias por 150 millones de dólares desde 2023, según reportes periodísticos. La trama aún se esclarece.
En consecuencia, la compra de la vivienda —aunque legal y con financiamiento institucional— quedó inevitablemente enmarcada por el contexto del huachicol fiscal.
Finalmente, el desenlace dependerá de avalúos, sentencias y transparencia. Y, sobre todo, de que prevalezca el debido proceso y la presunción de inocencia.
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