Horacio de la Cruz Mazariegos, señalado como operador del Cártel de Sinaloa, obtuvo contratos públicos millonarios en Chiapas con el respaldo de políticos locales.
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Horacio de la Cruz Mazariegos, alias “El Botanas”, ha sido identificado por autoridades como operador clave del Cártel de Sinaloa en la región sur del país. No obstante, su nombre también aparece vinculado a contratos públicos otorgados por gobiernos municipales de Chiapas, sumando más de 21 millones de pesos en los últimos años.
Su empresa, Construcciones y Diseños la Cruz Gallegos S.A. de C.V., fue fundada en 2016 y se mantiene activa pese a los señalamientos. Diversas administraciones municipales, sin importar su filiación partidista, le han otorgado recursos para realizar obras, especialmente de pavimentación.
Entre los municipios involucrados está Metapa, donde el exalcalde independiente Leobardo López entregó diez contratos entre 2022 y 2024 por un total de 12 millones de pesos. Antes de él, Aremi Balboa, de Nueva Alianza, adjudicó 1.5 millones en 2020.
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En Tuxtla Chico, gobernado por Julio Enrique Gamboa del PRI en coalición con PAN y PRD, se concedieron siete contratos por casi cinco millones de pesos. Las obras fueron similares: calles y caminos.
La red se consolida en Frontera Hidalgo, municipio natal de “El Botanas”. Allí, su hermana Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos, alcaldesa desde 2021 y reelegida para 2024-2027, otorgó directamente 2.5 millones a la empresa familiar. En ese periodo, ella fue postulada primero por el Partido Verde y luego por Redes Sociales Progresistas.
Además, la compañía estuvo inicialmente registrada también a nombre de Efraín Gallegos Luevano, exaspirante a la alcaldía por Chiapas Unido, quien más tarde fue reemplazado en el acta por un campesino de nombre Evodio Rodas.
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De acuerdo con filtraciones del colectivo Guacamaya Leaks, “El Botanas” figura entre los principales operadores del CDS en la zona limítrofe con Tabasco y Oaxaca. Su responsabilidad principal sería coordinar el paso de drogas desde Sudamérica hasta el norte del país.
El 10 de enero de este año, habitantes presionaron a elementos de la Guardia Nacional para liberar a un detenido, supuesto sobrino del capo. Fuentes indican que fue escoltado hasta Guatemala por miembros del grupo.
A pesar de las evidencias, no se han iniciado procesos judiciales en su contra. Tampoco se han sancionado a los funcionarios que firmaron contratos con su empresa. Estas omisiones plantean interrogantes sobre la colusión entre el crimen organizado y el poder local.
Este caso ilustra cómo el narco penetra estructuras públicas, no solo mediante intimidación, sino a través de alianzas familiares y políticas. Chiapas, por su ubicación geográfica, se convierte en punto estratégico para estos esquemas de corrupción institucional.
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