El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que pidió llevar el caso de México a la Asamblea General ante la gravedad de la crisis de desaparecidos.
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La crisis de personas desaparecidas en México volvió al centro de la presión internacional tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de pedir que el caso mexicano sea llevado a la Asamblea General. El organismo sostuvo que recibió información con indicios fundados para considerar que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían encuadrar como crímenes de lesa humanidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa lectura. En su conferencia del lunes cuestionó el alcance del informe, afirmó que no refleja las acciones emprendidas por su gobierno y sostuvo que el comité no valoró correctamente el trabajo con familiares buscadores ni las medidas oficiales contra este delito. También anunció que buscará diálogo con la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México para exponer la posición de su administración.
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Sin embargo, el punto de fondo no es solo diplomático. El comité sí forma parte del sistema de tratados de Naciones Unidas, y su procedimiento bajo el artículo 34 de la Convención no busca dictar sentencias penales, sino activar atención y apoyo internacional ante una emergencia persistente. El propio CED aclaró que su decisión tiene carácter preventivo y que apunta a reforzar búsqueda, análisis forense e investigación de posibles vínculos entre autoridades y crimen organizado.
La magnitud del problema explica la tensión. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestran que México mantiene una crisis sostenida, mientras el comité advirtió que el volumen de casos, fosas clandestinas y restos sin identificar sigue reflejando una situación grave y sin mejora sustancial. AP reportó que la cifra ronda ya los 133 mil casos.
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En paralelo, las víctimas siguen recordando que el debate no es abstracto. Este lunes, familiares de desaparecidos en Nuevo Laredo protestaron por la falta de resultados en uno de los casos más emblemáticos: de 54 víctimas vinculadas a un operativo de Marina en 2018, 32 personas siguen sin ser localizadas y no existe una sentencia firme contra los presuntos responsables.
Para el ciudadano común, el choque entre el gobierno y la ONU importa por una razón simple: revela que, más allá del discurso oficial, México sigue sin ofrecer verdad, justicia ni certeza plena a miles de familias.
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