Denuncian corrupción en aduanas: red de autos «chuecos» con respaldo oficial

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Alex Tonatiuh Márquez Hernández, alto funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), está siendo señalado por su presunta complicidad en un esquema ilegal de importación de vehículos desde Estados Unidos. Conocido como “LordRelojes”, Márquez, quien se encuentra al frente de la Dirección General de Investigación Aduanera, ha sido acusado de proteger la evasión fiscal en la importación de autos, permitiendo que los vehículos sean ingresados a México a precios inferiores a su valor real, eludiendo así impuestos significativos.

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El escándalo surgió cuando agentes aduanales privados y empresarios de autos usados en la frontera expusieron el modus operandi de una red de importación irregular de vehículos «chuecos». Denunciaron que, mediante amparos gestionados por Márquez, se estaban introduciendo autos de lujo a precios de subasta.

Uno de los casos más representativos fue el de un Jeep Wrangler Unlimited Moab, cuyo valor real en el mercado mexicano oscila entre 600,000 y 900,000 pesos, pero que en la Aduana de Tijuana se reportó a 207,000 pesos, lo que resultó en un pago de solo 2,500 pesos en impuestos.

El modus operandi de la red operada bajo el control de “LordRelojes” consiste en la alteración de las facturas de los vehículos importados, lo que reduce su valor declarado y, por ende, los impuestos a pagar.

Según las fuentes, tras la compra de autos en Estados Unidos, los importadores pactan un precio más bajo con los intermediarios y presentan una factura manipulada a la Aduana para reducir su pago fiscal.

Este procedimiento ha permitido la legalización de autos de lujo a precios mucho más bajos que su valor de mercado, lo que afecta gravemente a la competencia legítima y provoca la evasión de millones de pesos en impuestos.

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Aunque estos vehículos se presentan como legalizados, el pago de sobornos a funcionarios de la Aduana garantiza que los autos sean ingresados sin contratiempos.

Esta red también se apoya en amparos judiciales, como el 347/2023-VII, que ha sido respaldado por el propio Márquez, permitiendo que los vehículos evadan controles fiscales.

El caso revela un sistema corrupto y una falta de control por parte de las autoridades que deberían velar por el cumplimiento de las normativas fiscales, perjudicando a quienes operan dentro del marco legal. Mientras tanto, los involucrados en este esquema ilícito continúan beneficiándose de la falta de supervisión.

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