EU acusa sobornos a Pemex: dos empresarios mexicanos, FCPA y contratos por 2.5 mdd

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El Departamento de Justicia acusó a Rovirosa y Ávila de pagar 150 mil dólares en sobornos a Pemex/PEP para asegurar contratos por 2.5 mdd. El caso, en Texas, sacude al sector.

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Desde Estados Unidos, otra vez, la corrupción en México queda exhibida con nombres, fechas y montos que retumban en el sector energético.

El Departamento de Justicia imputó a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga por presuntos sobornos a Pemex y su filial PEP.

Según la acusación, ofrecieron y pagaron al menos 150 mil dólares a tres funcionarios para manipular licitaciones y asegurar ventajas indebidas.

Además, los pagos incluyeron efectivo, bolsos Louis Vuitton y relojes Hublot, artículos usados para aceitar decisiones clave.

Con ello, empresas vinculadas a Rovirosa habrían obtenido contratos por 2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021, de acuerdo con el expediente.

Asimismo, la imputación se presentó en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas y se sustenta en la FCPA.

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La FCPA castiga los sobornos a funcionarios extranjeros cometidos por personas con nexos jurisdiccionales en Estados Unidos.

Por ello, Rovirosa y Ávila enfrentan un cargo de conspiración y tres violaciones sustantivas, con penas potenciales de cinco años por cada conteo.

“Los acusados rigieron procesos para asegurar contratos lucrativos” resumió Matthew R. Galeotti al anunciar la acusación formal.

En paralelo, Rovirosa fue presentado a audiencia; Ávila permanece prófugo, según autoridades federales estadounidenses.

Además, reportes periodísticos atribuyen a Rovirosa supuestos vínculos con cárteles mexicanos, un ángulo que agrava el contexto.

De acuerdo con InfobaeRovirosa fue detenido el 10 de agosto en The Woodlands y salió bajo fianza de un millón de dólares.

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Asimismo, Ávila es señalado como enlace con funcionarios durante la administración de Andrés Manuel López Obrador; hoy es considerado fugitivo.

Sin embargo, la identidad de los funcionarios presuntamente sobornados no fue revelada en el documento público.

En tanto, el caso revive el escrutinio sobre integridad y compliance en contrataciones públicas de empresas estatales estratégicas como Pemex.

Además, exhibe cómo lujos y efectivo pueden torcer procesos de compra cuando fallan los controles internos y la vigilancia externa.

Para México, el expediente llega en medio de presiones financieras y operativas para la petrolera estatal, aún bajo reflectores internacionales.

Por su parte, Pemex no ha emitido comentarios inmediatos; la discusión ya escaló desde Houston hasta Ciudad de México.

Finalmente, el juicio definirá responsabilidades individuales; el mensaje político y económico ya cruzó la frontera.

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Porque, nuevamente, Estados Unidos fortalece un cerco anticorrupción que impacta directamente a proveedores y gestores del sector energético.

Como antecedente, Pemex ya apareció en expedientes FCPA vinculados a Vitol y traders; la lupa estadounidense no es nueva.

Además, la FCPA alcanza a extranjeros que actúan en territorio estadounidense o usan su sistema financiero, aun si el pago ocurre fuera.

Ambos señalados son mexicanos y residentes permanentes en Estados Unidos, indicaron autoridades; el proceso continuará en Texas.

Mientras tanto, el discurso oficial promete cero tolerancia; el expediente en Houston pondrá esa promesa a prueba ante audiencia atenta.

Así, para proveedores de Pemex, el mensaje: reforzar compliance, revisar intermediarios y documentar procesos, antes de que los vean fiscales.

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