La investigación de la FGR sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico revela una verdad incómoda: los maquinistas fueron enviados al vacío en máquinas obsoletas, mientras el círculo cercano al poder se beneficiaba de contratos millonarios.
Editorial | Seguridad
Análisis
Política Gurú
La tragedia del Tren Interoceánico, que cobró la vida de 14 personas, no fue un simple error de cálculo. Sin embargo, la justicia en México parece tener una visión selectiva. La fiscal Ernestina Godoy ha decidido cerrar el expediente señalando exclusivamente a los de abajo: los maquinistas.
No obstante, las pruebas dentro de la propia indagatoria de la FGR cuentan una historia muy distinta. Resulta que el conductor ni siquiera tenía un velocímetro funcional. ¿Cómo se puede acusar de exceso de velocidad a quien opera a ciegas? Es, por decir lo menos, una contradicción técnica y humana.
Además, el informe revela que la locomotora carecía de sistema contra incendios y las cámaras no servían por falta de software. En consecuencia, el personal trabajaba en un entorno de precariedad absoluta. Por lo tanto, culpar a los trabajadores es omitir la cadena de negligencias estructurales.
Por otro lado, el trasfondo de esta precariedad tiene un origen claro: la austeridad republicana aplicada a machetazos. El expresidente López Obrador ordenó reutilizar trenes viejos para acelerar la entrega. Ciertamente, las prisas políticas terminaron por descarrilar la seguridad de los ciudadanos.
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Asimismo, la sombra de la corrupción oscurece el caso. Mientras los maquinistas enfrentan órdenes de aprehensión, personajes como Amílcar Olán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán aparecen vinculados a contratos millonarios de balasto y supervisión “honorífica”. Resulta sospechoso que la fiscalía no encuentre relevancia en estos vínculos.
Efectivamente, en cualquier sistema ferroviario moderno, la tecnología impide el error humano. Pero en el Interoceánico, se prefirió el amiguismo sobre la certificación internacional. En conclusión, castigar al eslabón más débil no es justicia, es administración del daño para proteger a la cúpula política.
Editorial basada en las columnas de opinión de Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, publicadas en El Universal.
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