La filtración del contrato de Edson Andrade, los nuevos golpes fiscales a Ricardo Salinas Pliego, las amenazas a alcaldes en Veracruz y la posible libertad de Javier Duarte pintan un jueves cargado de tensión política y de dudas sobre la seguridad democrática en México.
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La agenda política arranca marcada por la polémica en torno a Edson Andrade y la marcha de la Generación Z en la capital.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reconoció que el influencer tiene un contrato con el partido en la Ciudad de México.
Según explicó, el acuerdo es para manejo de redes sociales y no para financiar protestas ni movilizaciones de la Generación Z.
Sin embargo, afirmó que Morena usa el tema para desacreditar la inconformidad juvenil y distraer del malestar por la violencia y la economía.
La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió en redes un contrato millonario a nombre del joven.
Luego sugirió que la marcha no fue espontánea, sino operada por la oposición y por grupos conservadores.
Como respuesta, Edson Andrade denunció persecución, reclamó que se vulneró su privacidad al difundir sus datos personales y anunció que saldrá del país por seguridad.
El choque revela la nueva batalla por el voto joven, mientras miles de chicos marchan contra abusos policiales, bajos salarios y falta de oportunidades reales.
En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó otro revés al empresario Ricardo Salinas Pliego y a empresas de Grupo Salinas.
El máximo tribunal ordenó el pago de más de 67 millones de pesos en impuestos adicionales a la hacienda pública.
Además, declaró infundado un amparo promovido por una de sus compañías para evitar ese crédito fiscal.
Aún queda pendiente la revisión de otro juicio ligado a Totalplay, donde se discute un crédito fiscal mucho mayor.
Por eso, el gobierno federal aprovecha el fallo para reforzar su narrativa de que los grandes grupos empresariales deben ponerse al día con el SAT.
En materia de seguridad, el secretario Omar García Harfuch anunció la detención de Jorge Armando “N”.
Las autoridades lo señalan como autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan.
El presunto jefe criminal fue capturado en Morelia en un operativo conjunto y estaría vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia fuerte en Michoacán.
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Aunque la detención se presenta como avance, el caso mantiene bajo lupa la fragilidad institucional de muchos municipios.
Esa vulnerabilidad también se vive en Veracruz, donde alcaldes electos denunciaron ataques armados, amenazas directas y agresiones contra sus familias, principalmente de Movimiento Ciudadano.
Organizaciones como Data Cívica han documentado que la entidad concentra este año el mayor número de eventos de violencia político-criminal en todo el país.
Finalmente, sigue en suspenso la situación del exgobernador Javier Duarte, quien busca acceder a la libertad anticipada tras cumplir la mayor parte de su condena.
Una jueza federal volvió a aplazar la resolución y citó a nueva audiencia.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República intenta frenar la salida del exmandatario y mantenerlo tras las rejas.
En resumen, el clima político luce más enrarecido.
Así, entre filtraciones, decisiones judiciales y balas contra autoridades locales, el país arranca el día con señales claras de tensión política y democrática.
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