El hackeo de los sistemas digitales del gobierno mexicano es una realidad. Con 2 terabytes de información expuesta y 25 dependencias vulneradas, la estrategia de ciberseguridad nacional enfrenta su crisis más severa frente a la mirada de los ciudadanos.
Editorial | Seguridad
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Política Gurú
Sin duda, la realidad terminó por alcanzar a la narrativa oficial. Lo que inició como una advertencia en los pasillos de la ciberseguridad se transformó en una crisis de proporciones masivas. El hackeo a los sistemas digitales del gobierno federal no es solo un rumor; es una exposición de 2 terabytes de nuestra privacidad.
Por consiguiente, el impacto es directo para el ciudadano común. Alrededor de 25 dependencias, incluyendo al SAT, el IMSS-Bienestar y la SEP, vieron cómo su blindaje digital se desmoronaba. No estamos hablando solo de códigos; hablamos de registros fiscales, cédulas profesionales y datos de salud de millones de mexicanos.
Ciertamente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), liderada por José Antonio Peña Merino, intentó matizar el golpe. Según su postura, no hubo una vulneración a la infraestructura, sino un mal uso de credenciales válidas. No obstante, para los expertos, esta distinción es irrelevante ante la responsabilidad legal que implica.
Debido a esto, la vulnerabilidad queda al descubierto. Aunque el gobierno insista en que sus protocolos se activaron, la realidad es que los datos de 3 millones de personas en el sistema de salud ya circulan en plataformas públicas. Además, el discurso oficial vuelve a señalar a los proveedores privados como los culpables del fallo.
En consecuencia, surge una contradicción evidente. Mientras la 4T aspira a construir un gigante tecnológico propio con 300 millones de dólares, la infraestructura actual de gob.mx muestra grietas profundas. La centralización de servicios, diseñada para simplificar la burocracia, se ha convertido en el talón de Aquiles de la seguridad nacional.
Por otro lado, la opacidad no se limita al mundo digital. En el plano físico, la Sedena ha adjudicado contratos millonarios para placas balísticas a empresas que operan en oficinas fantasma. Mientras tanto, en el sector energético, Pemex anuncia inversiones históricas para 2026, intentando dar oxígeno a una deuda que sigue siendo una sombra pesada.
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Paralelamente, la política exterior también enfrenta sus propios fantasmas. El acoso y la suplantación de identidad contra la embajadora Susana Iruegas en Honduras revelan una preocupante falta de control interno. Finalmente, estos incidentes aislados forman un mosaico de una administración que lucha por mantener el control de sus propios datos y su seguridad.
Efectivamente, el ciudadano queda en medio de una pugna entre la eficiencia pública y la pericia técnica. Por lo tanto, proteger la información personal ya no puede ser una promesa de campaña, sino una obligación operativa inmediata. El México digital del futuro no puede construirse sobre los escombros de la ciberseguridad actual.
Basado en la columna de opinión de Mario Maldonado, en su columna NegoCEOs, publicada en El Universal.
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