La FGR rastreó una red de huachicol fiscal con 555 empresas y operaciones en ocho puertos. Con pedimentos clonados y descargas sin origen acreditado, la trama impactó recaudación y competencia.
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La red de huachicol fiscal creció a escala nacional y se ancló en ocho puertos y 555 empresas, revelan expedientes judiciales recientes.
Los puertos señalados son Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán, nodos usados para mover combustible irregular.
Un documento de la FGR del 11 de junio identifica 555 empresas sospechosas y prioriza 108 por importación, distribución y venta con irregularidades.
Entre los nombres aparecen Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
Primer modus: compra en Estados Unidos, importación con pedimentos clonados y distribución por comercializadoras y transportistas que venden barato, veces sin permisos de la CRE.
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Además, se usan documentos falsos sin número de pedimento, sin montos y, si están timbrados, se cancelan al llegar a destino.
Segundo modus: buques arriban a Veracruz, descargan sin acreditar origen, regresan a altamar y vuelven con papeles falsos para completar la descarga en varios intentos.
Si no se logra, autoridades redirigen embarcaciones a Lázaro Cárdenas, pese a que allí no existen ductos para esas maniobras.
El 19 de agosto se giraron 13 órdenes; 11 detenidos ya están en el Altiplano. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna figura entre los procesados.
Otra orden contra el contralmirante Fernando Farías fue suspendida temporalmente, mientras el capitán Miguel Ángel Solano sigue prófugo, según avances judiciales recientes.
La técnica 692/2025-I permitió rastrear 101 números telefónicos de empresas y personas. Allí se observó logística cercana a aduanas y puertos clave.
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En un caso, se registraron 13,273 comunicaciones con coordenadas próximas a Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz entre 2023 y 2025.
En otro, 45 antenas concentraron 1,126 registros alrededor de Ensenada, La Paz, Lázaro Cárdenas, Cancún, Mazatlán, Veracruz y Guaymas.
Las firmas operan desde entidades como Edomex, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y Jalisco, entre otras.
El daño es doble: cae la recaudación y se distorsiona el mercado con combustibles adulterados. Por eso urge cerrar vacíos y blindar la trazabilidad.
Asimismo, controles portuarios inteligentes, auditorías a permisos CRE y cruces en tiempo real con SAT y Sener deben sostener la limpieza iniciada.
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